La querella, donde se estima que el monto adeudado es de US$12 millones, es por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita y fue presentada por Servicios Booster Limitada y Booster Refrigeración Industrial S.A.

Una empresa de refrigeración interpuso una querella ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la mesa directiva de SMU, encabezada por Álvaro Saieh.

La querella por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita fue presentada por Servicios Booster Limitada y Booster Refrigeración Industrial S.A. apuntando, junto a Saieh, a los directores de SMU Pilar Dañobeitía Estades, Juan Rendich, Alejandro Álvarez, Horacio Salamanca, Raúl Sotomayor, Fernando del Solar, Abel Bouchon y Pedro Pablo Cuevas.

A los antes mencionados, la acción legal también se dirige contra el gerente general y representante legal de la compañía Marcelo Gálvez, la gerente contralor Fabiola González, el gerente corporativo de Administración y Finanzas Arturo Silva, y el gerente comercial Horacio Montalva.

Booster Refrigeración Industrial presta servicios de instalación de sistemas de refrigeración en supermercados, mientras que Servicios Booster Limitada realiza el mantenimiento de dichos sistemas y equipos.

El documento indica que SMU incumplía de forma dolosa los pagos por servicios prestados de refrigeración y mantenimiento utilizando diferentes métodos.

Según los abogados, no se emitían facturas por las prestaciones que realizaban a la empresa, manteniendo impagos desde 2010 servicios de mantenimiento de equipos.

Además denuncian en la querella que utilizando la vía de pago a 30, 60 y 90 días, las cancelaciones terminaron por extenderse incluso hasta en cuatro años, agregando que SMU efectuó descuentos en los pagos de modo unilateral.

El querellante Marcelo Toro explicó que esto generó una insolvencia en la empresa que debía recurrir a diferentes sistemas de créditos. Junto a ello manifestó que estas prácticas podrían ser habituales en el retail, donde se contratan proveedores de servicios sin intención de cumplir estos acuerdos.

En la querella, donde se estima que el monto adeudado es de 12 millones de dólares, se expresa además que todo este sistema se trata de un engaño, que SMU aparenta un funcionamiento legal cuando en verdad se configura el delito de asociación ilícita.

El abogado Toro sostuvo que el holding indujo a error a su representado de creer que la contraparte iba a cumplir con los contratos, explicando que el sistema opera ya que, si el prestador quiebra, existen muchos prestadores más.