La ejecución de la boleta de US$18 millones por falta de renovación “implicaría” para la subsidiaria de Jindal Steel & Power una “ruptura definitiva” con el Estado boliviano.

La Paz. La inminente ejecución por parte del gobierno de la segunda boleta de garantía de US$18 millones de Jindal Steel Bolivia (JSB) significaría su salida del país. La última reunión entre la siderúrgica india y el Ejecutivo habría terminado en “ruptura” y sellado el destino del proyecto.

El 12 de abril, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), Juan Carlos Carrasco, explicó que la boleta de Jindal puede ser ejecutada no sólo ante un eventual incumplimiento de inversiones, sino también por su falta de renovación. El Ejecutivo, agregó, esperará para cobrar la boleta hasta el 1 de mayo.

El 17 de abril, JSB y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciaron las negociaciones para la firma del contrato de suministro de 2,5 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural para la industrialización del hierro del Mutún a partir de 2014.

En la siguiente reunión (20 de abril), Jindal y YPFB ya habían iniciado la conformación de dos comisiones (para la elaboración “por tiempo y materia” del contrato de suministro de gas en un plazo de una semana y para la reconfiguración del proyecto y los niveles de inversión en base a los 2,5 MMmcd), cuando la intervención del ministro de Minería, Mario Virreira, suspendió las negociaciones, aduciendo la imposibilidad de cualquier modificación en el proyecto.

Así lo revelaron fuentes que participaron del encuentro y que prefirieron mantener su nombre en reserva. Virreira, indicó una de las fuentes, espera conocer los resultados de las dos auditorías que se realizan a las inversiones de Jindal.

“Si Jindal demuestra que ha cumplido con la inversión de US$600 millones, continuará en el proyecto; si no lo ha hecho, habrá que buscar otras alternativas”, había advertido días antes la autoridad.

Situación. Los resultados de la auditoría a cargo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ya habrían sido entregados al presidente de la empresa estatal, Sergio Alandia, mientras que el informe de auditoría que impulsa Jindal estará listo en aproximadamente “unos 15 días”.

La ejecución de la boleta de US$18 millones por falta de renovación “implicaría” para la subsidiaria de Jindal Steel & Power una “ruptura definitiva” con el Estado boliviano.

“Si Jindal no renueva la boleta, por ley hay que ejecutarla”, sentenció el 17 de abril el ministro de Minería. 

Otra de las fuentes señaló que Jindal habría propuesto la renovación de la boleta, pero sólo por un período de seis meses y mientras se llega a un acuerdo con YPFB para la firma del contrato de provisión de gas natural para el proyecto reconfigurado.

“No consideramos ni legal ni lógico que nos obliguen a seguir invirtiendo en las mismas condiciones cuando la ESM o el Estado no están cumpliendo con su parte”, lamentó.

Se contactó vía telefónica a Alandia para conocer su posición sobre el tema, pero el ejecutivo no pudo atender al requerimiento, porque estaba en una reunión.

“Encontrar una solución para seguir con la negociación del contrato de gas sería un milagro”, expresó otra de las fuentes. Según Jindal, hasta el momento sus inversiones en el Mutún sobrepasaron los US$600 millones, de los cuales US$583,47 millones fueron invertidos en la adquisición de dos plantas industriales y la construcción de obras civiles en el complejo.

Cívicos se declaran en emergencia. Posición. Los cívicos de la provincia cruceña Germán Busch (región donde se encuentra el yacimiento de hierro del Mutún) se declararon este martes en estado de emergencia debido a una posible postergación del proyecto de industrialización del Mutún.

Reunión. “Autoridades municipales, asambleístas y cívicos se encuentran reunidos en Santa Cruz para recibir una explicación de la situación del proyecto por parte de Jindal”, informó el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander.

Jindal no tuvo ningún riesgo en el contrato. Jorge Lema Patiño, experto en temas mineros. El incumplimiento de Jindal en los plazos e inversión de US$600 millones establecidos en el contrato permite legalmente al Ministerio de Minería la cancelación del mismo, o su renegociación, seún el experto en temas mineros, Jorge Lema Patiño.

En la práctica, el contrato con la Jindal ha resultado peor que los contratos aplicados durante el proceso de capitalización del sector petrolero, en los que el inversionista asumía el riesgo en los altos costos de exploración en búsqueda y comprobación de reservas.

El contrato del Mutún no conlleva ningún riesgo a Jindal. Las reservas están localizadas y probadas, y la empresa tuvo el tiempo necesario para ejecutar sus inversiones.

Las demoras en el cumplimiento del contrato con el Estado quieren ser legalmente justificadas con las recientes exigencias para la entrega de gas en el área de extracción del hierro por parte de YPFB, lo que amenaza inclusive con postergar el proyecto por otros seis años.

Este requerimiento, que exige de grandes inversiones por parte de la petrolera estatal, no podrá ser cumplido.

En efecto, invertir millones sólo para construir el gasoducto y entregar gas subvencionado a Jindal —costo estimado en US$400 millones por año— para producir pelets y hierro esponja y para la planta de energía térmica del Mutún, que generará electricidad para la producción de aceros, resultará en un costo que Bolivia no puede asumir.

Cuando el Estado firmó el contrato garantizando en el mismo el suministro de gas, se asumía que las reservas del energético eran suficientes para cumplir este compromiso, y no se prestó atención al costo de cumplir con estas exigencias.

Se pensó que el gas representaba cerca del 20% del costo final del hierro esponja, por lo que el Estado recuperaría parte de esa subvención con los impuestos a la exportación de ese producto y de los concentrados.

Pero si la subvención cubre además toda la cadena, hasta la producción de aceros que serán exportados, la operación no es conveniente para el país (...). Cualquier negociación con Jindal debe suspender la entrega de gas a precios subvencionados.