El conflicto se activo por el pago de CH$511 millones de pesos (US$777 mil) al ex director de la cuprífera estatal, Augusto González, como parte de su plan de retiro, junto a los cuestionamientos a contrataciones con partes relacionadas.

Finalmente, se activó la vía judicial en la disputa entre Codelco y Contraloría. La corporación presentó una demanda de nulidad de derecho público contra un informe de la entidad liderada por Jorge Bermúdez.

Lo anterior, como parte de la disputa entre la Corporación Nacional del Cobre y la entidad liderada por la Contraloría General de La República por el pago de CH$511 millones de pesos (US$777 mil) al ex director de la firma, Augusto González, como parte de su plan de retiro, junto a los cuestionamientos a contrataciones con partes relacionadas.

La cuprífera detalló, a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que “esta medida se enmarca dentro de las acciones que el Directorio de la Corporación ha decidido realizar con el fin de obtener una resolución al diferendo jurídico que a la fecha mantiene Codelco con la Contraloría General de la República, relativo a su marco normativo aplicable”.

Si bien el gobierno había instado a la compañía a avanzar en la vía administrativa para resolver el conflicto, la ministra de Minería, Aurora Williams, señaló que la testera de la compañía posee esta facultades y que serán respetadas.

La Constitución establece que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, por lo que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”

Es por ello, que según explicaron abogados de la plaza, Codelco argumenta que las acciones de Contraloría exceden sus facultades, pues -según ellos- el estatuto jurídico de corporación se asimila al de las sociedades anónimas, detallado en la Ley de Gobierno Corporativo de 2009, por lo que no se rigen -por ejemplo- bajo la Ley de Compras Públicas.

El diputado del PS e integrante de la comisión investigadora por el uso de recursos públicos en Codelco, Juan Luis Castro, advirtió que el proceso judicial puede marcar un antes y un después de la validez de los tratos directos.

Por su parte, el diputado de la UDI y también integrante de la instancia, Felipe Ward, criticó la acción emprendida por Codelco, al señalar que no es la Contraloría la que debe ser cuestionada.

La acción fue interpuesta en el 25° Juzgado Civil de Santiago, según detalló La Segunda, en un proceso que podría prolongarse hasta por tres años, de acuerdo el equipo jurídico de Codelco.