Llama la atención la iniciativa que hasta hace poco tiempo parecía lejana: construir vivienda para población de bajos ingresos en sectores de la capital colombiana en donde viven habitantes de todos los estratos.

Todo parece indicar que el propósito de la administración del alcalde Gustavo Petro, de frenar las diferencias sociales, está muy cerca y podría marcar senderos para las alcaldías venideras.

El Plan de Desarrollo de Bogotá hace énfasis en el alto componente social que se proyecta cubrir en los próximos cuatro años. Llama la atención la iniciativa que hasta hace poco tiempo parecía lejana: construir vivienda para población de bajos ingresos en sectores de la ciudad en donde viven habitantes de todos los estratos.

Dentro del Plan de Desarrollo que fue aprobado por el Concejo de Bogotá está contemplada la revitalización del centro de la capital.

Con el proyecto se busca que las personas más pobres de la ciudad y las víctimas del conflicto armado puedan adquirir una vivienda propia. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural comenzó con la modernización de ese sector y anunció que temas como movilidad y espacio público serán prioritarios.

En la hoja de ruta trazada para este cuatrienio en el centro de Bogotá está incluida no sólo la construcción de Viviendas de Interés Prioritario (VIP), también la actualización de las infraestructuras de servicios públicos.

El Instituto de Patrimonio Cultural definió el nuevo proyecto de ciudad que contempla además la racionalización y optimización de la movilidad, el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, el aumento de la oferta de espacio público, la potencialización de la dinámica socio-económica, la recuperación del significado del Centro Histórico como bien colectivo y patrimonial y el aumento de verde urbano.

El grupo de expertos que se encargarán de esta modernización está conformado por arqueólogos, arquitectos, ingenieros, economistas, ecologistas, abogados, ambientalistas, comunicadores, trabajadores sociales, publicistas, conservadores y restauradores del patrimonio cultural.

Los puntos que harán parte de este proyecto son: La Candelaria, la Catedral, la Concordia, Egipto, Las Aguas, Santa Bárbara, Belén, Las Cruces, Lourdes y las Nieves.

La revitalización del centro consiste en “intervenir zonas deterioradas o con precarias condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las infraestructuras de servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la oferta de espacio público y equipamientos”.

En este plan urbanístico se hace especial énfasis en el cuidado del patrimonio cultural, puesto que en el centro de Bogotá convergen sitios de interés histórico, arquitectónico y artístico. El alcalde Petro plantea una estrategia de intervención del centro mediante proyectos urbanos de iniciativa pública, en alianzas con el sector privado, “que incluyan procesos de densificación en los que la actuación pública se concentre en la producción de vivienda para los sectores de más bajos ingresos, a la cualificación de las infraestructuras públicas y el espacio urbano”.
Vivienda

De acuerdo a estadísticas suministradas por la Secretaría de Hábitat, en Bogotá hay 2.251.170 hogares, existiendo un déficit de 258.046 hogares, equivalentes al 11,5% del total.

El plan contempla la solución de vivienda a un 60% del total de hogares de menores ingresos. De ese porcentaje se cubrirá un 57% para las familias víctimas del conflicto armado y un 43% para las familias de bajos ingresos.

La meta del gobierno distrital es la construcción de 70 mil VIP, que no sólo pretenden solucionar un déficit habitacional sino generar equipamientos recreativos, culturales, educativos, administrativos y de salud que satisfagan las necesidades básicas de la población. En materia de infraestructura se busca que las nuevas viviendas estén dotadas de redes de acueducto y alcantarillado, energía, gas y adecuadas mallas viales que permitan la cobertura de todos los sistemas de transporte.

Para la puesta en marcha de la política de vivienda se replanteará un nuevo enfoque de renovación urbana que incluye un nuevo modelo de normas urbanísticas, las cuales darán las herramientas para cambiar el uso del suelo.

El alcalde Gustavo Petro ha solicitado al Gobierno Nacional que dentro de su plan de vivienda se contemple la posibilidad de que los edificios desocupados sean tenidos en cuenta en los planes de vivienda de interés prioritario, de tal forma que se amplíe y se extienda la oferta de suelo.

Frente al tema, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, ha evidenciado su conformidad y aceptación con el proyecto planteado por el burgomaestre capitalino, Gustavo Petro, señalando que es importante por cuanto no habría que hacer nuevas obras de urbanismo y no se tendrían que “enviar a los más pobres a zonas alejadas de la ciudad”.
Metas

El Plan implica mejoramiento integral de 70 barrios y legalización de 90 asentamientos de origen informal. Así mismo, desarrollar en 24 áreas prioritarias obras menores de espacio público, reacondicionar 3.000 viviendas y titularizar 6.000 predios.

Dentro de las metas se proyecta construir un kilómetro de sistema urbano de drenajes sostenible; garantizar mínimo siete metros cuadrados de nuevo espacio público y de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario; y rehabilitar el 100% de la redes de acueducto y alcantarillado.

En las 20 localidades de Bogotá, todos los meses se realizará una jornada de mercado inmobiliario de viviendas de interés prioritario en donde se expondrá la oferta comercial de proyectos. La comunidad podrá resolver dudas en materia de servicios públicos, información financiera y asesoramiento institucional.

La directora general de la Caja de Vivienda Popular, Juana Patricia Caycedo, ha explicado que el programa de reasentamientos acoge a las familias desplazadas de las zonas de alto riesgo no mitigable por remociones en masa y que surtidos los procesos de evacuación y relocalización transitorias, acceden al beneficio del Valor Único de Reconocimiento (VUR), que en promedio representa 28 millones de pesos, de acuerdo con la normatividad vigente.