La medida permite a la Superintendencia de Sociedades remover a los administradores, revisores fiscales y empleados de las filiales de Odebrecht, así como multar a quienes realicen actos contrarios a la ley e incluso liquidar a las empresas en caso de ser necesario.
Bogotá. El regulador de empresas en Colombia elevó el viernes al máximo grado la vigilancia sobre las compañías subsidiarias de Odebrecht por el creciente escándalo de corrupción, mientras que un tribunal le ordenó al Gobierno suspender el contrato de construcción de una autopista a cargo de la firma brasileña.
La medida permite a la Superintendencia de Sociedades remover a los administradores, revisores fiscales y empleados de las filiales de Odebrecht, así como multar a quienes realicen actos contrarios a la ley e incluso liquidar a las empresas en caso de ser necesario.
Las compañías involucradas en el control son Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S, Navelena S.A.S y la sucursal de la sociedad extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A.
"A partir del sometimiento a control se prohíbe la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad y enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de Sociedades", dijo a periodistas el jefe del organismo, Francisco Reyes.
La Fiscalía General de Colombia informó el martes que parte de los sobornos que Odebrecht pagó a un ex senador colombiano para que le adjudicaran obras en el país sudamericano habría ingresado en el 2014 a la campaña política del presidente y entonces candidato Juan Manuel Santos.
El escándalo incluye también la supuesta financiación de la campaña del candidato presidencial opositor Óscar Iván Zuluaga.
En tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de forma provisional el contrato de la concesión Ruta del Sol II, en el que Odebrecht controla el 62 por ciento, la Corporación Financiera Colombiana, Corficolombiana un 33 por ciento, y CSS Constructores el restante 5 por ciento.
La suspensión se mantendrá hasta que se resuelva una petición de nulidad del contrato realizada por la Procuraduría General de la Nación.
Adicionalmente, la Superintendencia de Transporte sometió a control la concesión vial para "velar por la continuidad del proyecto y prevenir una posible afectación de la infraestructura y los servicios conexos".
