“El tema permite mostrar los potenciales de los yacimientos no convencionales, lo cual requiere de una etapa de maduración para obtener mayor información e interpretación de los yacimientos", explicó el vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Como respuesta a la encrucijada que vive el sector petrolero, por los malos resultados exploratorios que no le han permitido al país encontrar un reservorio como ocurrió con los hallazgos de Caño Limón y Cusiana, en los Llanos Orientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) acaba de anunciar que en la Cuenca del Magdalena se han identificado recursos prospectivos de hasta 500 millones de barriles de petróleo equivalente (petróleo y gas).
Si bien es la primera vez que la ANH se atreve a anunciar perspectivas de los no convencionales, el vicepresidente técnico de la agencia, Juan Fernando Martínez, aclaró que se está hablando de recursos, más no de reservas.
El pronunciamiento fue hecho por Martínez en el marco de la Conferencia Energética Colombiana 2014 de Enercol.
“El tema permite mostrar los potenciales de los yacimientos no convencionales, lo cual requiere de una etapa de maduración para obtener mayor información e interpretación de los yacimientos, apropiando tecnologías de punta para que Colombia sea parte del escenario internacional de las inversiones en este campo", explicó.
Martínez indicó que el objetivo de la ANH es fomentar y apoyar la exploración desde el Estado hacia la industria, con el fin de ofrecer al país un portafolio de oportunidades que sean rentables y que al mismo tiempo contribuyan y retribuyan los recursos públicos que se utilizan en investigación de yacimientos no convencionales.
“Frente a la prospectividad de los yacimientos no convencionales, se requiere una sinergia entre las agencias del Estado y la industria para unificar conceptos que permita perforar los pozos de una manera más rápida”, agregó Martínez.
En opinión de Martínez, el país necesita romper paradigmas y mirar las cuencas con otros ojos ya que tienen unos potenciales de convencionales que podrían tener resultados más inmediatos que los campos convencionales, poniendo como ejemplo la cuenca del Sinú y del Offshore (mar adentro).
Con respecto al debate que se ha abierto por el fracking (mecanismo que fractura las rocas, donde está atrapado el petróleo, y que con inyección de agua y otros elementos químicos se extrae), el funcionario recalcó que esta tecnología se ha usado desde hace más de 30 años en el mundo y que no es cierto que afecte el agua.
“El fracking en la industria petrolera no es nuevo. En muchos de los pozos que perforó Ecopetrol en el pasado y la operación asociada se hizo a través de fracturamiento y esto mejoró la producción de petróleo. La discusión que existe hoy sobre el fracking no tiene sentido porque esto es lo que se ha hecho toda la vida”, recalcó.
Sobrecostos por retraso de proyectos eléctricos. Mientras el país busca la fórmula mágica para encontrar los recursos y cubrir el déficit fiscal del Gobierno, que supera los $12 billones (unos US$5.985 millones), el sector eléctrico denunció que los usuarios de la energía deben asumir costos cercanos a los US$ 1.500 millones debido a las demoras en la ejecución de los proyectos energéticos.
Así lo denunció Ismael Arenas, presidente de Enercol y miembro de la junta directiva de Aciem, quien culpó de esta situación a la demora en la expedición de las licencias ambientales, las consultas previas, el deterioro del orden público y la falta de coordinación entre las autoridades centrales y regionales.
Arenas aseguró que el país debe resolver de manera integral el proceso de permisos y licencias. “No se trata de aumentar la eficiencia en una entidad u otra o crear mecanismos de coordinación, cosa que el gobierno ha hecho sin los resultados esperados. Se requiere un nuevo esquema institucional que permita acelerar estos procesos”.
“Es imperativo divulgar, informar y concientizar a las comunidades acerca de la importancia y los beneficios de los proyectos energéticos. No tener energía es muy costoso para la sociedad y para el país. Los impactos se pueden mitigar con eficiencia, celeridad y responsabilidad”, recalcó.
El proyecto Nueva Esperanza, cuyo objetivo es atender el crecimiento de la demanda de energía en Bogotá, mejorar la confiabilidad y evitar riesgos de apagón en la capital del país, debió entrar a operar en el 2012, pero hoy tiene serios retrasos, indicó.
“Los plazos de ejecución definidos para el proyecto, no tuvieron en cuenta los tiempos reales para trámites de licenciamiento ambiental, los procesos de socialización y participación de comunidades y actores locales, impactando su actual desarrollo”, explicó el dirigente gremial.
Asimismo, el proyecto de Porce IV sigue suspendido desde el 2010, el cual está proyectado para que entre en operación el próximo año.
“Como consecuencia de estos retrasos el país no cuenta con 400 megavatios de energía, con costos relativamente bajos, se dejaron de generar más de 5 mil empleos, se dejó de invertir más de mil millones de dólares y la región dejó de beneficiarse con proyectos de vivienda, salud y educación” aseveró el directivo.
