Proyectos productivos agrarios no sólo buscan darles tierras y capacitación a los campesinos, sino que también formación económica para que se conviertan en empresarios del campo.

“Lo primero que hicimos fue buscar tierras, teniendo en cuenta, más que la productividad de los cultivos, la seguridad del lugar, sin la presencia de hombres armados en nuestras parcelas. La situación de la mayoría de los municipios del Valle era bastante precaria por el desplazamiento que generaron los grupos armados al margen de la ley. Según ellos, combatían a las Farc, pero todo era mentira, sólo buscaban intereses económicos, porque hoy en la zona rural de Buga, Tuluá y Bugalagrande se visualizan megaproyectos como hidroeléctricas. Por eso los denunciamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Es parte de la historia de Efraín Sierra, quien recuerda la época de su desplazamiento de la zona rural de Buga, cuando los paramilitares se asentaron en las veredas, en junio de 1999.

Efraín y sus hijos forman parte de las 271 familias campesinas favorecidas con el programa de adjudicación de tierras y asesorías en proyectos productivos rurales, por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Hoy viven en lo alto de Yotoco y, pese a que las tierras no eran muy recomendables para cultivarlas, asegura que es un municipio no estratégico para los grupos armados. En esta zona y en los terrenos adjudicados por el Incora se desarrolla el ‘Proyecto Japón y Australia’ (ver arriba).

El programa se inició en septiembre de 2012 con 25 familias que apostaron por los proyectos rurales, donde además del cultivo del café, también crían ganado y siembran pastos, con el acompañamiento técnico de ingenieros agrónomos.

Cada campesino en esta región tiene su historia de desplazamiento, pero también de cómo han podido sobrellevar la nueva vida. En el año 2000, con el acompañamiento del Incora, los desplazados de la zona rural de Buga, como Sierra, lograron que les adjudicaran 25 predios y cuando este instituto se cerró, el Incoder continuó el proceso. Se lograron acuerdos para la titulación individual de los predios, que fueron entregados en febrero de 2013.

El café que produce Sierra se vende en la cooperativa de Buga, él se dedicó a cultivar este producto a pesar de que el año pasado este sector de la economía resultó afectado por las protestas, paros y tomas de vías a la fuerza por parte de los cafeteros del país, porque el cultivo no era rentable. “El café es una alternativa para el proyecto de vida de cada familia, un buen porcentaje también lo constituye la ganadería. El proyecto productivo llegó en una hora oportuna, nos apropiamos de él, lo estamos ejecutando y le sacamos el máximo provecho”.

Sin embargo, según Efraín, no sólo es necesario el subsidio, se necesita del acompañamiento de profesionales y la capacitación económica. “Parte del fracaso de la economía regional se debe a que todo queda en recursos”. Por ello, varias familias asisten a las reuniones con los técnicos del Incoder, donde analizan los adelantos de sus trabajos rurales.

En uno de estos encuentros, Diana Marcela Bermúdez y su esposo Carlos Andrés Franco afirmaron que el proyecto ‘Japón y Australia’ lo ven muy rentable y oportuno, porque se ha enfocado en las necesidades y vocación de la tierra en que viven. Pero otros campesinos sienten nostalgia por sus tierras frías. Dicen que les tocó comenzar de nuevo en terrenos abandonados. Para Euriel Delgado, “el cambio ha sido duro porque “no éramos de tierra cafetera, sino de la tierra de la papa, del maíz y el frijolito”.

El ingeniero agrónomo y contratista de Incoder Oswaldo Crespo Carvajal, quien acompaña a las familias en el proyecto, informa que el proceso va a un ritmo excelente y que ya se puede cantar victoria, “La comunidad se apoderó del proyecto y le hizo variaciones y se concertó el trabajo con ellos, no se les impuso”.

En el municipio de Trujillo, en el norte del Valle del Cauca, donde la violencia se ensañó hace tres décadas, también hay proyectos productivos del Incoder; específicamente en el resguardo Kipara (ver arriba), llamado así por los indígenas emberas, quienes llegaron hace cinco años, desplazados del Caquetá y de otras regiones del país.

El ingeniero agrónomo Javier E. Escarria, que hace del acompañamiento en la parte agrícola a las familias indígenas, cree que la comunidad está muy satisfecha porque con el proyecto se han mejorado las necesidades básicas de los emberas.

Ángel Miaza, con 48 años, exgobernador de su etnia, nómada y jornalero, explica que su situación ha mejorado pues cultiva en su propia tierra, pero solicita al Incoder que les adjudiquen más terrenos, porque en el resguardo viven 182 personas y no hay más espacio para cultivar. Asimismo, Raúl Rioverde, profesor que dicta clases a 28 estudiantes en la escuelita del resguardo de Kipara, habla de los avances de sus alumnos, pero se queja de que el Gobierno Nacional en algunas casos los tiene olvidados, como en la construcción de viviendas.

A estos indígenas los acompaña la trabajadora social y funcionaria del Incoder Amparo Ramírez, quien es una convencida de que sin la participación activa de la comunidad no se puede lograr que los proyectos salgan adelante. Ella trata de convencer a los indígenas sobre la importancia de la concertación comunitaria. De esta manera orientan los recursos para el financiamiento del proyecto agrícola.

A Ramírez, quien asiste a las comunidades campesinas a las que se les han adjudicado tierras, le corresponde prestar asesoría a un promedio de 100 familias víctimas de desplazamiento forzado. Por su experiencia, la funcionaria sostiene que el destierro de sus tierras es muy negativo, porque las familias pierden la vocación agrícola. “El deseo de las comunidades de estar en el campo se ha permeado por lo que vivieron en la ciudad durante su desplazamiento forzado. Los recuerdos e historias son unas cargas para ellos para poder recuperarse, a pesar de los esfuerzos de acercamiento del Estado. Además, lo que más dificulta el proceso es la formalización de tierras, pues contar con los títulos es difícil debido a la informalidad de la tenencia de la tierra en el país”.

No obstante los escollos, los proyectos productivos siguen su curso en el Valle, porque la meta no es sólo darles tierras y capacitación, sino también formación económica para que se conviertan en empresarios del campo.