Se trata de la cláusula penal de apremio por cuenta del incumplimiento del contrato del proyecto que señala Hidroituango. EPM se ha basado en los resultados de un estudio para sostener que la emergencia en las obras tuvieron su origen en falencias de diseño.

Bogotá. La sociedad Hidroituango S. A., dueña del proyecto hidroeléctrico y conformada por la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM), busca aplicar una cláusula penal de apremio por más de $27.000 millones (US$8,2 millones) contra EPM.

Esto se debe a que Hidroituango afirma que EPM, con quien se contrató la construcción y operación del proyecto, ha incumplido el contrato, conocido como BOOMT (Build, Own Operate, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés).

La cláusula busca que EPM cumpla con sus obligaciones. El año pasado, Hidroituango había anunciado la imposición de millonarias multas contra Empresas Públicas por cuenta de incumplimientos en los hitos en el proyecto que se habían acordado.

EPM, a través de un documento publicado ante la Superintendencia Financiera, informó que está analizando la comunicación que recibió de parte de Hidroituango con el reclamo mencionado. Además, que "dará respuesta oportunamente, toda vez que no se han agotado los procedimientos previstos en el contrato que permitan definir la viabilidad de la aplicación de la cláusula mencionada".

Esto se debe a que EPM argumenta que no se ha demostrado que los retrasos en el proyecto han sido su culpa, un punto indispensable para aplicar las cláusulas de incumplimiento. Respecto a esto, hay que recordar también que un estudio de la firma Skava Consulting, contratado por EPM, dio cuenta de que el colapso del túnel que desató la emergencia y posteriores retrasos en la obra tuvo su origen en falencias de diseño. 

Frente a lo anterior, el consorcio diseñador, Generación Ituango, conformado por  Integral e Investigaciones Geotécnicas Solingral, ha manifestado su rechazo. "No aceptamos que al consorcio diseñador se le impute responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”, dijeron en una Carlos Isaza Aguilar, presidente del Grupo Empresarial Integral, y Gabriel Cano Ramírez, representante legal del Consorcio Generación Ituango, misiva enviada a Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM.

En su reciente comunicación, EPM reiteró "su disposición a dar cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas en el contrato BOOMT, dentro de escenarios de concertación y diálogo conforme con los procedimientos y demás mecanismos establecidos en el mismo contrato".