La deuda del sector oficial con las empresas eléctricas ascendía a $470.000 millones (US$151 millones) a diciembre de 2015, de los cuales una tercera parte corresponde a la Costa. Desde el Congreso piden intervención.
De nuevo se encendieron las alarmas por los problemas de suministro de energía en el Caribe colombiano. Es un mercado que ha sido difícil históricamente, porque las tarifas fueron politizadas más allí que en cualquier otra zona del país. Por lo tanto, la cultura del no pago era muy acendrada entre una buena porción de sus habitantes. Entre 2015 y 2016 el Gobierno ha girado recursos del Fondo de Energía Social (FOES) por $200.000 millones para ayudar al pago de subsidios y contribuir con un alivio en las tarifas de los habitantes de menores ingresos. Desde el Congreso de la República piden intervenir a Electricaribe, sin medir las consecuencias jurídicas de un acto de esta naturaleza.
Tras las denuncias del director de la Federación Nacional de Departamentos, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, sobre un inminente apagón en la Costa norte debido a las dificultades financieras de Electricaribe, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sentó en el banquillo al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, y al superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, para indagar sobre la realidad del servicio eléctrico en la Costa Caribe. Acosta indicó que la compañía eléctrica tiene dificultades para responder por sus obligaciones financieras, que superan los $2 billones.
Desde la célula legislativa exigen una intervención más activa del Gobierno. El conservador David Barguil consideró la liquidación de la empresa y buscar un nuevo operador con mayor músculo financiero, en tanto el presidente de la Comisión, Hernando Padaui, indicó que las actas del debate serán enviadas a la Fiscalía General para la respectiva investigación. Durante el sesión, el pedido unánime fue la salida de la empresa como prestadora del servicio en la región Caribe.
Al margen del debate, algunos congresistas consideran que si el Gobierno decide intervenir la empresa, “eso es una galleta”. Recordaron el caso de la intervención de Emcali, donde demoraron doce años con ese proceso, siendo una empresa de capital público. Una operación de ese tipo sobre Electricaribe, que es de capital privado, puede terminar con demandas cuantiosas. De hacerse la intervención sería con “guantes de seda”, para evitar cualquier riesgo jurídico. Lo cierto es que el Ejecutivo tiene que actuar de forma inmediata buscando una nueva empresa que inyecte capital.
Un analista del sector eléctrico señala que la solución al problema del ineficiente suministro de energía para cerca de 10 millones de habitantes de la Costa Atlántica debe ser integral: desde Electricaribe, mayor compromiso para las inversiones; desde el sector regulatorio, dar señales que incentiven esas inversiones, y desde el lado legal y gubernamental, crear las herramientas para evitar el fraude, aliviar la deuda oficial y agilizar el pago de los subsidios. La deuda oficial con las empresas del sector eléctrico ascendía a $470.000 millones a diciembre de 2015, de los cuales una tercera parte corresponde a la Costa.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, descartó apagón en la costa y dijo que “el problema de prestación del servicio en el Caribe es de calidad de la infraestructura”. Durante los últimos doce años solo se hicieron tres grandes proyectos para garantizar las mejoras en la calidad del sistema.
“La solución a la crisis de Electricaribe pasa por varias acciones. Se requiere una inyección de capital por parte de los accionistas de la empresa”, dijo Alberto Vives, gerente seccional de la Andi Atlántico-Magdalena. En la Región Caribe tenemos un rezago de diez años en materia de inversión en el sector eléctrico.
