El impulso minero en la zona del Cesar se estrelló en los últimos tres meses con un obstáculo: el aire de la zona sobrepasa los límites permitidos de contaminación y arrojar un gramo más de material particulado es ir en contra de las recomendaciones ambientales.

El año pasado cuatro grandes empresas mineras que operan en el Cesar, Colombia, presentaron al ministerio de Ambiente solicitudes para ampliar la explotación de sus tajos de carbón o para reactivar minas que mantenían cerradas. Con un precio del carbón por tonelada métrica de US$96,90 en los mercados internacionales, la meta era acelerar la locomotora minera y elevar la producción 50% en promedio.

La empresa Operación Integrada Carbones de La Jagua tenía planes de ampliar su proyecto en el municipio de La Jagua de Ibirico. Vale Coal quería elevar la producción del proyecto El Hatillo, Cerro Largo Sur y Las Cuevas. C.I. Prodeco ajustaba sus cuentas de exportación con la mina de Calenturitas ampliada. Por su parte, la Drummond estaba ansiosa por explotar el proyecto Descanso Sur y Cerrolargo, mientras Colombia Natural Resources anhelaba sacar más provecho de la mina La Francia.

Pero la locomotora minera del Cesar se estrelló en los últimos tres meses con un obstáculo: el aire de la zona sobrepasa los límites permitidos de contaminación y arrojar un gramo más de material particulado es ir en contravía de todas las recomendaciones ambientales. Por esta razón, en marzo de este año a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, no le quedó otra opción que meter el freno a la locomotora y negar las modificaciones presentadas por cuatro mineras: Operación Integrada Carbones de La Jagua, Vale Coal, C.I. Prodeco y Drummond.

Luz Helena Sarmiento, directora de ANLA, explica que desde 2007 esa gran región, que comprende los municipios de Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso, Chiriguaná, entre otros, a poco más de dos horas de Valledupar, fue declarada como “área fuente de contaminación”, debido a que la concentración de material particulado en el aire superaba por un amplio margen los niveles que afectan la salud humana.

En Plan Bonito, por ejemplo, la red de estaciones para el monitoreo de la calidad del aire, operadas por Corpocesar en colaboración con la Universidad Industrial de Santander, detectó en su último reporte niveles de partículas suspendidas totales (PST) de 151,22 µg/m³, cuando el máximo nivel permitido es de 100 µg/m³ al año. En la vía a La Jagua esos niveles fueron de 137,60 µg/m³. Y para partículas menores de 10 micras (PM10), consideradas de mayor riesgo para la salud humana, Plan Bonito y La Jagua arrojaron mediciones de 63,13 µg/m³ y 64,22 µg/m³ respectivamente, cuando el límite máximo es de 50 µg/m³ anuales.

El mensaje es claro para las empresas mineras: “O se ponen al día y cumplen con los requisitos o esas son las consecuencias”, es lo que dice el ministro de Ambiente, Frank Pearl, a propósito de los permisos negados.

Pero no acaba ahí el problema para las empresas mineras. Además de los niveles críticos de contaminación del aire tienen otra tarea pendiente: reasentar tres poblaciones cuyos habitantes respiran diariamente ese aire polucionado. Se trata de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito, donde viven alrededor de 1.500 personas.

Según lo acordado entre las comunidades, las empresas y el Gobierno, el primer reasentamiento debió cumplirse en septiembre del año pasado, justo la época en que las empresas solicitaron los nuevos permisos. Sin embargo, hasta el momento el plan sigue retrasado.

Luz Helena Sarmiento, directora de ANLA, reconoce que las empresas han hecho algunos esfuerzos por reducir las emisiones, pero no han sido suficientes, y la zona seguirá declarada como área fuente de contaminación hasta que cambien los resultados de la medición, que es anual. Respecto a los reasentamientos dice que el consorcio debió comenzar a hacer desde hace cinco años lo que apenas en febrero de este año comenzó a hacer. Hace unos meses las empresas mineras unieron esfuerzos y contrataron a una consultora internacional experta en el reasentamiento de poblaciones. Replan, una organización de origen canadiense, se ha hecho cargo de la negociación con las comunidades.

Según la funcionaria, la idea no es interponerse en una expansión minera que beneficia al país, pero eso no puede hacerse a costa del medio ambiente y la salud de las personas. Por lo pronto se tiene prevista una evaluación de la calidad del aire en agosto de este año, para revisar los permisos. La agencia y el ministerio evalúan otras solicitudes de licencia presentadas por las mismas empresas, pero, en vista de que los niveles de contaminación se mantienen y esta zona del Cesar sigue declarada como área fuente de contaminación, lo más probable es que en las próximas semanas también sean negadas.