La Procuraduría busca determinar los presuntos responsables del desfalco de los recursos destinados para pagos de facturas de energía de usuarios de estrato I y II.

La Procuraduría busca determinar los presuntos responsables del desfalco de los recursos destinados para pagos de facturas de energía de usuarios de estrato I y II. Estos hechos fueron puestos en conocimiento por la Contraloría en julio del año pasado. 

La Procuraduría General investiga a directivos de la empresa Electricaribe y a varios funcionarios estatales –que están por determinar– por el presunto desfalco de subsidios destinados para el pago de facturas de población de estratos I Y II que superan los $78.500 millones (US$26,8 millones). 

Fuentes del organismo disciplinario confirmaron que esta investigación, que se abrió a finales del año pasado, todavía cursa por una práctica de pruebas que busca determinar qué funcionarios serían responsables y si estos, en el ejercicio de sus funciones, no velaron por el destino de los subsidios destinados para más de 600 mil usuarios.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento por la Contraloría, en julio de 2017, luego de una auditoria a Electricaribe. Según el informe, al revisar la aplicación del subsidio a los usuarios durante 2015 y 2016, se encontró que, al asignar el beneficio en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y, a cambio, lo destinó a disminuir sus pérdidas.

Los recursos que empleó la empresa, con el objeto de disminuir sus pérdidas, provienen del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (Foes) que debían ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de recursos bajos. Los $78.500 millones corresponden al 99% del beneficio Foes que debieron recibir los usuarios afectados que hacen parte de la población más pobre, en este caso, de los siete departamentos de la Costa Atlántica.

En el informe, el organismo de control fiscal ilustró un caso de un usuario en el departamento del Atlántico. Al usuario se le aplicó un descuento por subsidio Foes de solo $19.78 cuando tenía derecho a recibir $1.978 resultantes de multiplicar su consumo. Los $1958 de diferencia, según la Contraloría, Electricaribe los restó en la factura al “aporte empresa”, concepto que refleja las pérdidas que asume la compañía.

“Debido a que el sistema es programado en una forma estándar para realizar la aplicación de los beneficios y el cálculo de los demás factores en la factura, la situación se repite en todos los usuarios con las mismas características, es decir aquellos donde en su recibo aparecen los conceptos ‘Consumo Distribuido’ y ‘Aporte Empresa’”, explicó el informe de la Contraloría.

Electricaribe, agregó el informe, presentó en las facturas del usuario los valores del beneficio Foes y del subsidio a la tarifa, proveniente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso, en forma global, lo que impide al ciudadano verificar el valor del beneficio real recibido por su consumo individual, tal como indica la ley.