La Superintendencia de Industria y Comercio les impuso una multa global de US$59,9 millones a las empresas y personas naturales involucradas que entre 2010 y 2013 pactaron y subieron los precios de los papeles higiénicos.

El pasado 6 de abril, tras más de un año de investigaciones, tomas de declaraciones y contraste de aportes probatorios de empresarios delatores, se hizo público el informe motivado con el que la Delegatura para la Protección y Promoción de la Competencia, de la Superintendencia de Industria y Comercio, revelaba la participación de un grupo de empresas en el llamado cartel del papel higiénico.

¿Quiénes lo integraban? Kimberly, Familia, Cartones y Papeles de Risaralda y Papeles Nacionales, empresas que, de acuerdo con la indagación, habían fijado precios de servilletas, paños de manos, papel de cocina y papel higiénico en el mercado colombiano. El escándalo creció cuando se reveló que los pactos entre los fabricantes habían comenzado en el año 2000 y se habían extendido hasta el 2013, teniendo en cuenta que dicho mercado mueve algo así como $1 billón por año.

Incluso se pudo establecer que, para pasar inadvertidas, cada una de las organizaciones, por medio de sus ejecutivos, decidió llamarse con un alias: Kimberly era Kiosko, Familia era Feos, Papeles era Pitufos y Cartones era Rosas. Estas empresas sumaban el 88 % del mercado de los papeles suaves en Colombia, o tisú, como se le llama técnicamente.

Pues bien, ayer la Superintendencia de Industria tomó la decisión final de sancionar con una multa global de “$185.000 millones a los cuatro fabricantes de papeles suaves en Colombia” y, acto seguido, dejó claro que dicho monto “no supera el 15 % de sus ingresos operacionales anuales”. Además multó a 21 altos directivos, todos ellos funcionarios y exfuncionarios de las empresas en cuestión.

En este caso puntual las empresas delatoras fueron Kimberly, Familia y Cartones y Papeles de Risaralda. Por eso, explicó el superintendente Pablo Felipe Robledo, “por contribuir eficazmente con la investigación y cumplir con los compromisos adquiridos en el Programa de Beneficios por Colaboración, la Superindustria le concedió a Kimberly, en su condición de primer delator, la exoneración del 100 % del pago de la multa, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ley de competencia”.

Para el caso de Cartones y Papeles de Risaralda, por ser el tercer delator, tendrá una reducción del 30 % de la multa impuesta. Sin embargo, y aunque Familia también fue delator, se tomó la decisión, “como se lo recomendó el superintendente delegado para la Protección de la Competencia y se lo aconsejó, por unanimidad, el Consejo Asesor de Competencia”, de excluirla del Programa de Beneficios por Colaboración, pues “se confirmó que ocultó información, mintió sobre aspectos relevantes de la investigación y no aportó algunas pruebas que estaban en su poder”.

Robledo hizo una claridad en su decisión final: “No obstante lo anterior, el superintendente, al dosificar la sanción a Familia, tuvo en cuenta la confesión de la conducta anticompetitiva y las excusas públicamente ofrecidas al país, otorgándole una reducción a la multa impuesta”. Disculpas públicas que aún no ha pedido Kimberly, quien además aparece vinculado en otros casos similares.

La OCDE ya había advertido que los carteles “son las más escandalosas violaciones de las normas de competencia y… perjudican a los consumidores en muchos países a través del incremento en los precios y de la restricción de la oferta, haciendo los bienes y servicios completamente inaccesibles para algunos compradores e innecesariamente costosos para otros”.