Poner en una balanza el crecimiento económico y el cuidado ambiental, cada vez resulta más difícil cuando se habla de proyectos minero-energéticos. La ampliación de una planta de bombeo divide a la comunidad en el Valle de Saquencipá.

Bogotá. La historia cuenta que en 1572, comunidades muiscas demandaron a la Corona española por la fundación de Villa de Leyva, que iba a hacerse en un lugar sagrado, lo cual violaba las Leyes de Indias. Esa batalla jurídica fue ganada por los indígenas y se obligó al traslado de la población al sitio actual.

Esta disputa se dio por lo que hoy se conoce como el Valle de Saquencipá, provincia del Alto Ricaurte en el departamento de Boyacá, cuyo territorio se divide entre ocho municipios que albergan una importante riqueza ambiental, cultural, histórica, arqueológica y turística.

Un grupo llamado Colectivo por la Defensa del Valle de Saquencipá, en asocio con la Alcaldía de Villa de Leyva y el Consejo Ambiental del municipio, lo están defendiendo del proyecto “Facilidades de Sutamarchán e Infraestructura Asociada” de Ecopetrol, que busca ampliar una planta ubicada en Sutamarchán, en un terreno de 60 hectáreas.

Este hecho, que hoy enfrenta a las administraciones de Sutamarchán, Villa de Leyva y a Ecopetrol, convocó el pasado jueves a un foro, organizado por el Colectivo, en busca de exponer los puntos a favor y en contra del proyecto. Entre ‘vivas’ y ‘abajos’, en el recinto se hacían directas las voces de quienes apoyan la construcción de la instalación petrolera, basados en una oportunidad de desarrollo económico para sus habitantes y el municipio (Sutamarchán), y las de quienes piden una reubicación de las obras, alegando posibles daños ambientales, deterioro de la vocación turística, pérdida del patrimonio arqueológico y distorsión del entorno paisajístico.

El proyecto. Colombia pasó de una producción de crudos livianos a pesados, cuya consistencia puede compararse con la del arequipe, y para poderlo transportar por oleoductos es necesario utilizar diluyentes como nafta o gasolinas naturales. Álvaro Castañeda, vicepresidente de Transporte en Ecopetrol, cuenta que “en la medida en que crece la producción de crudo, aumenta la necesidad de diluyente, que hasta hace unos meses era transportado por carrotanques”.

A raíz de eso, Ecopetrol tomó la decisión de construir un poliducto que permitiera llevar ese diluyente desde Barrancabermeja hasta los Llanos (Meta y Casanare), utilizando una infraestructura que ya existía. El poliducto de Oriente, que va desde Sebastopol (Antioquia) hasta Tocancipá (sabana cundiboyacense), se encuentra con el poliducto Andino, en una planta construida en Sutamarchán, donde comenzó a operar este año con una capacidad de 54.000 barriles por día, pero como las necesidades de diluyente para 2012-2013 van a ser de 120.000 barriles diarios, entonces resulta necesario ampliarlo para poder llegar hasta esa capacidad

Para esos efectos es que Castañeda dice que se va a ampliar la planta de Sutamarchán con cinco unidades de bombeo, dos o tres tanques de almacenamiento de diluyente, un tanque de agua contra incendios, un sistema de tratamiento de aguas, una línea eléctrica, edificaciones administrativas y un campamento de policía.

Los que están en contra. Una de las preocupaciones de los opositores al proyecto es que el río Sutamarchán se encuentra a 30 metros de los poliductos y en la pasada ola invernal esta zona se inundó. Aunque no pasó nada, los del Colectivo afirman que el afluente podría, en un futuro, romper los tanques y derramarse así el diluyente sobre el agua. Con respecto a ese temor, el vicepresidente de Transporte explica que los tanques contarán con un “techo geodésico (tiene que ver con su forma en domo y materiales de fabricación), acompañado de una membrana flotante interna que asegura la no entrada de agua y el control de evaporación del producto, además de un sistema de diques de contención alrededor, sistemas de impermeabilización de los suelos y de protección catódica para evitar la corrosión”.

De otro lado, Guillermo Torres, integrante del Colectivo, explica que el “proyecto se ubica en una zona de alto riesgo de remoción de masas y de actividad sísmica con antecedentes históricos”. Asimismo, el experto cuenta que los estudios de orden geotécnico y geomorfológico no cumplen con los estándares necesarios para un proyecto de esta magnitud.

Por su parte, el antropólogo y ambientalista Diego Arango dice que la construcción y operación de la línea eléctrica para la Estación está sobre todo el patrimonio geológico y paleontológico. Al respecto, Castañeda explica que la empresa cuenta con un plan completo para el tratamiento de posibles hallazgos de este tipo y dice que durante la construcción del poliducto Andino en Boyacá se encontraron cerca de 7.000 fragmentos cerámicos, en su mayoría pertenecientes al período muisca tardío (siglos XIII y XVI), 1.000 restos óseos de animales y restos óseos de cinco individuos prehispánicos, que serán entregados a las autoridades municipales.

A todo esto, los opositores suman los riesgos que aparecerán en temas de seguridad, por posibles voladuras de los poliductos a cargo de grupos al margen de la ley, y Arango dice que se presentarán graves afectaciones sociales, debido a los posibles cambios en los hábitos y costumbres y los potenciales efectos sobre las actividades productivas tradicionales.

Con este panorama, Germán Sánchez Pereira, alcalde de Villa de Leyva, manifestó que “las decisiones de Ecopetrol se nos dan a cuentagotas, pues desde el comienzo no nos dieron la proyección clara”. De esta forma, el gobernante le pidió a la petrolera que se le informe a la comunidad la dimensión real del proyecto en su territorio.

Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente y presidente del Consejo Nacional Ambiental, quien actuó como moderador del foro, opina que el proyecto empieza a convertir el valle en una zona industrial, destruyendo el paisaje: “Aquí la gente viene a ver verde y a estar tranquila, pero se va a encontrar con una gran instalación petrolera, esto cambia la vocación de la región y, seguramente, detrás de ese proyecto vendrán otros. Ahora van a construir cinco tanques, pero con el área de 60 hectáreas que compraron, evidentemente piensan expandirse en el futuro. En la medida en que se den más hallazgos petroleros seguramente van a ampliar y detrás vendrán otras empresas y dirán que como se le permitió a Ecopetrol crecer, ellos también quieren construir en esta zona”.

Los que apoyan la obra. El proyecto se ubica en la vereda Santo Ecce Homo del municipio de Sutamarchán, a 15 minutos de los cascos urbanos de Villa de Leyva y del pueblo que lo alberga, en una zona rodeada de vegetación, pero también de varios cultivos de tomate transgénico en invernaderos, que dañan el entorno paisajístico y también presentan riesgos de contaminación.

Carlos Roberto Castellanos, alcalde de Sutamarchán, y un grupo de concejales del municipio son unos férreos defensores de la ampliación de la planta y así lo hicieron saber en el foro, donde el gobernante dijo: “en el país hay decenas de estaciones de bombeo de nafta, como la de Puente Aranda en Bogotá, algunas sobre la ribera del río Magdalena (Barranca) y otra como el Terminal de Pozos Colorados (Santa Marta), y no ha pasado nada, no veo por qué el proyecto va a afectar nuestro municipio. Como alcalde, el Concejo y la comunidad en general creemos que es un gran proyecto, en el que se va a beneficiar al pueblo, con el uso de mano de obra local y algunas compensaciones por su construcción”.

Castellanos dice que la oposición es un capricho del alcalde de Villa de Leyva y “unos señores que se hacen pasar por ambientalistas porque tal vez no quedó la estación de bombeo en su territorio sino en Sutamarchán. El proyecto estará a más de 15 kilómetros del casco urbano de los dos municipios y de Santa Sofía”.

Entre tanto, Camilo Villamil, concejal de Sutamarchán, dijo que el Valle está invadido de plásticos por los invernaderos, construidos a las orillas de los ríos “y nadie dice nada”. “Las cuatrimotos turísticas están acabando con nuestra ecología y ¿quién se opone? Hay festivales de rock en Villa de Leyva y no de guabinas ni de torbellinos, pero ellos hablan de preservar el patrimonio cultural”.

La polarización en torno al proyecto “Facilidades de Sutamarchán e Infraestructura Asociada” ahora está en manos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que aún no ha emitido su concepto sobre la ampliación de la licencia ambiental, con la cual Ecopetrol comenzaría las obras, que tendrán un valor de US$60 millones. Mientras tanto, los inconformismos de vecindad seguirán en una pugna de intereses hasta alcanzar en Colombia el tan mencionado ‘desarrollo sostenible’.

La movilización civil. Para el caso de la extracción de oro en Santurbán (Santander) se logró convocar a miles de personas en torno a una petición: no a la licencia ambiental para invadir el páramo. Ahora, en el caso de Sutamarchán, un grupo de personas se unió y formó el Colectivo por la Defensa Integral del Valle de Saquencipá cuando supieron del proyecto de Ecopetrol que busca ampliar una de sus plantas en este sector.

Se consideran políticamente independientes, aunque trabajan coordinadamente con la administración municipal de Villa de Leyva, que, encabezada por su alcalde, ha sido un ente contradictor a las obras que planea construir la petrolera.

El Colectivo manifiesta que ya tiene 2.400 firmas de apoyo a su iniciativa y está en busca de más, pero líderes de Sutamarchán, a favor de la ampliación, les dijeron en un espacio de discusión que ellos podrían superar ese soporte civil para mostrar su punto de vista sobre las obras.

Las cifras del proyecto

340.000 barriles de diluyente serían almacenados en los tanques del proyecto de ampliación de la planta.

US$9.000 millones se destinarían para inversión social en proyectos acordados con la comunidad.

120.000 barriles diarios de diluyente se esperan transportar si se amplía la licencia ambiental.

US$60 millones es la inversión que hará Ecopetrol en el proyecto Facilidades de Sutamarchán.