La Corte Constitucional eliminó una norma que facultaba solo al Gobierno Nacional para decidir sobre proyectos de exploración y explotación, lo que permitió a alcaldes y gobernadores limitarlos de forma permanente o transitoria en sus territorios.
Bogotá. Colombia presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros, e impedir que consultas populares los prohíban, dijo el lunes el ministro del sector.
La Corte Constitucional eliminó una norma que facultaba solo al Gobierno Nacional para decidir sobre proyectos de exploración y explotación, lo que permitió a alcaldes y gobernadores limitarlos de forma permanente o transitoria en sus territorios.
Partidos políticos y grupos de ambientalistas han promovido consultas populares en diferentes municipios de Colombia en las que se han rechazado proyectos auríferos.
"Aquí hay una discusión muy de fondo, que es la estamos dando en este momento, y es cómo se armonizan las diferentes competencias legales, porque los alcaldes tienen competencias en el ordenamiento del suelo y la nación en la administración del subsuelo", dijo en una entrevista con Reuters el ministro de Minas y Energía, Germán Arce.
El Gobierno Nacional es el responsable de gestionar los recursos del subsuelo en donde se encuentran el petróleo y los minerales, pero los alcaldes y gobernadores pueden definir los proyectos en sus jurisdicciones.
Además de petróleo, Colombia es un importante productor y exportador de carbón, ferroníquel, oro, plata, platino y esmeraldas. El país quiere iniciar la exploración de otros metales como el cobre.
"En el tema de cómo nos ponemos de acuerdo hay una discusión. Ni la nación tiene el poder de imponerle una decisión al territorio, ni el territorio tiene la capacidad legal de vetar una competencia de nivel nacional", sostuvo Arce.
Los resultados de consultas populares como la realizada en marzo en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, en donde un 97,9% de los electores votaron contra la ejecución de proyectos y actividades de minería, dejó en la incertidumbre un proyecto aurífero de la sudafricana AngloGold Ashanti que ha invertido US$365 millones.
Inseguridad jurídica. El caso de Cajamarca es el más reciente que muestra la inseguridad jurídica que enfrentan las empresas que invierten en la cuarta economía de América Latina, por las diferencias entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.
Arce dijo que el gobierno estudia si presenta el proyecto de ley al Congreso por el mecanismo ordinario o a través de una forma rápida denominada 'fast track'.
Con el mecanismo de vía rápida el gobierno está presentando al Congreso las leyes para implementar el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que pone fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuenta con una amplia mayoría en el Congreso que le ha permitido hasta el momento lograr la aprobación de importantes leyes como la reforma tributaria que entró a regir este año.
Colombia espera un incremento de la exploración y explotación de petróleo y minerales por las mejores condiciones de seguridad tras el acuerdo con las FARC, pero es consciente de que necesita dar garantías a los inversionistas.
"Darle una regla clara a los inversionistas debería quitar parte de esa incertidumbre que se ha generado por el activismo de algunos tribunales y cortes y por estas consultas, así como la sensación de riesgo que se está observando. A los inversionistas hay que darles una regla clara", concluyó Arce.
