En un plazo de 10 días el alto tribunal de dicho país recibirá los alegatos de conclusión en este caso para así determinar si suspende, cancela o le da vía libre a la venta del paquete accionario del gobierno colombiano en Isagén.

El magistrado Hugo Fernando Bastidas dio un plazo de 10 días a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión en el marco del estudio de la demanda que se adelanta contra la venta de las acciones del Gobierno de la empresa de energía Isagén S.A.

Finalizado ese plazo, que se contará a partir del próximo martes, la Sección Cuarta del Consejo de Estado se tomará 20 días hábiles para tomar una decisión de fondo frente a este caso que busca suspender la decisión del Gobierno de vender el 57.6% de sus acciones.

En la diligencia celebrada este lunes el alto tribunal determinó que se incorporarán 50 pruebas que serán estudiadas en este proceso que actualmente tiene suspendida la venta del paquete accionario de la empresa electrificadora tras la emisión de medidas cautelares.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por el presidente de Sintaisagen, Helber Castaño, quien argumentó que el Estado no puede no vender las acciones, o que si se toma la decisíón de hcerlo estas deben ser a la comunidad en general.

Recientemente el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, aseguró que los tres inversionistas estratégicos GDF SUEZ (Francia), Colbún (Chile) y Brookfield (Canadá), habían presentado las garantías de seriedad para hacerse con el 57,61% de la electrificadora.

Este instrumento que ya había sido utilizado para evitar el proceso de enajenación de este activo – que según la Contraloría podría estar valorado entre $4,7 billones y $9,3 billones (US$1.630 millones a US$3.228 millones), recursos que serían destinados para la financiación de las vías de cuarta generación – había sido suspendido en marzo de 2014.

El Consejo de Estado deberá determinar si suspende, cancela o le da vía libre a la venta del paquete accionario de Isagén.

Diferentes sectores políticos se habían opuesto a que se vendiera la participación de la Nación argumentando que se trata de un bien estratégico para atender la demanda energética del país a largo plazo, además de que siendo la segunda generadora de energía ofrece ingresos por cerca de $424 mil millones anuales, dinero que, dice José Roberto Acosta, dejaría de hacer parte del presupuesto nacional.