La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos por no iniciar la operación de Hidroituango el 1 de diciembre de 2018 como se presupuestó inicialmente. EPM dijo que interpondrá los recursos frente a este acto.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que la Superintendencia de Servicios Públicos le impuso una sanción de unos US$ 460.000 ($1.817 millones colombianos) por no iniciar operación del proyecto Hidroituango el 1 de diciembre de 2018, fecha presupuestada antes de la emergencia que presentó ese año la presa. EPM también anunció que interpondrá los recursos pertinentes frente a la sanción.

El pasado 4 de noviembre la Superservicios emitió un informe en el que alertaba sobre una serie de hallazgos sobre la calidad de la prestación de servicios públicos de EPM y la imagen confiable de la organización, especialmente tras los constantes cambios en su gobierno corporativo. Además, expresó su preocupación sobre Hidroituango.

“El cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, dijo la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, frente al informe revelado a inicios de noviembre.

Asimismo, la Superservicios ha sido una de las entidades que ha seguido de cerca la evolución del pleito entre EPM y CCC Ituango, el consorcio constructor de la presa. En octubre le pidió a Empresas Públicas de Medellín un informe detallado del plan de contingencia en caso de que se retire el contratista.

EPM ha mantenido una serie de reuniones con el consorcio para buscar un acuerdo de prórroga del contrato constructor que vence el próximo 31 de diciembre. Las negociaciones enfrentan gran incertidumbre por el fallo de segunda instancia de la Contraloría: si se confirma la responsabilidad fiscal, CCC Ituango quedaría inhabilitado para seguir con las obras.

Por esto, EPM indica que está analizando con cuidado cuál puede ser el periodo de la prórroga. Además, ha mencionado en varias oportunidades que uno de sus planes de contingencia considera traer nuevos contratistas para terminar las obras de Hidroituango.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo esta semana que se extendería a los contratistas actuales por hasta ocho meses. Es decir, CCC Ituango seguiría hasta el 31 de agosto de 2022. Un plazo que para el mandatario daría tiempo para realizar un empalme con otro constructor.