El juez responsable del caso, Sergio Moro, sentenció con penas de 11 a 13 años de prisión a tres directivos de la constructora Galvao Engenharia, entre ellos el mayor accionista del grupo.

Río de Janeiro. La justicia brasileña condenó hoy a prisión a tres ejecutivos de la constructora Galvao Engenharia, por su vinculación con la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informaron hoy fuentes judiciales.

El juez responsable del caso, Sergio Moro, sentenció con penas de 11 a 13 años de prisión a los tres directivos, entre ellos el mayor accionista del grupo, en lo que es la cuarta sentencia contra representantes de una constructora brasileña involucrada en la trama corrupta que desvió miles de millones de dólares de la petrolera.

En la sentencia también fueron condenados a prisión el ex director Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y el empresario Alberto Youssef, dos de los principales responsables por los desvíos y que aceptaron colaborar con la justicia a cambio de reducir sus penas.

El empresario Darío de Queiroz Galvao, principal ejecutivo de Galvao Engenharia, fue condenado a 13 años y dos meses de prisión por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y asociación para delinquir, mientras que otros dos ejecutivos recibieron condenas de 12 años y cinco meses y 11 años y ocho meses de prisión, respectivamente.

Los tres ejecutivos están en prisión desde marzo pasado por su relación con el caso, en el cual se adjudicaron de forma ilegal contratos de Petrobras tras pagar sobornos a políticos y dirigentes de la petrolera.

El magistrado Moro absolvió sin embargo por falta de pruebas a Eduardo de Queiroz Galvao, miembro del Consejo de Administración de la constructora, quien era acusado de los mismos delitos.

Antes fueron condenados a prisión dirigentes de otras tres constructoras brasileñas por el escándalo de corrupción, Mendes Junior, OAS y Camargo Correa.

La red de corrupción estaba conformada por empresarios, dirigentes de Petrobras y políticos.

Las empresas obtuvieron contratos amañados con la petrolera, luego inflaron sus valores y repartieron las diferencias con ex directores de la estatal y los políticos que facilitaban los fraudes.

Más de medio centenar de políticos de diversas formaciones, que en su mayoría pertenecen a la base que apoya al gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, son investigados por el caso.