La advertencia a fines del año pasado del contratista Grupo Unidos por el Canal (GUPC) de suspender los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas en la ampliación del Canal de Panamá aduciendo sobrecostos, genera preocupación también entre obreros, sub-contratistas y proveedores.

El GUPC -integrado por las empresas Sacyr Vallehermoso (España), Impregilo (Italia), Jan de Nul (Bélgica) y Constructora Urbana S. A. (CUSA/Panamá)- aduce costos imprevistos por US$1.600 millones, que -advierten- los han dejado con problemas de flujo de caja para seguir avanzando en el proyecto.

Según el consorcio, uno de los factores que llevó a esta situación han sido fallas en los estudios geotécnicos previos entregados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y otros expertos, y por lo que ha habido material excavado que no ha podido ser utilizado en el mismo proyecto, generando esfuerzos adicionales para conseguirlo.

La administración canalera ha reaccionado advirtiendo que no aceptará presiones, que existen mecanismos de reclamación contenidos en el contrato que deben ser sustentados, y que cualquier solución al conflicto se debe buscar dentro del contrato.

Aunque GUPC había advertido sobre la posibilidad de suspensión a partir del 21 de enero de los trabajos, cuyo avance se estimaba cercano al 70%, las obras no se ha detenido, en medio de reuniones formales e informales entre representantes de las partes comprometidas para plantear propuestas de solución.

El ritmo de los trabajos es, sin embargo, según la ACP, menor, o de apenas entre 25% y 30%, mientras que las posiciones entre las partes no se veían tan cerca como se esperaría de una solución.

La ACP planteó un aporte conjunto de US$283 millones para mantener los trabajos, de los cuales adelantaría US$100 millones para que el contratista cumpla con sus obligaciones.

Los otros US$83 millones serían por la extensión de dos meses de la moratoria de repago de esa cantidad por parte de GUPC en virtud de adelantos, mientras que GUPC debería poner otros US$100 millones para ser utilizados en el proyecto.

En los últimos días, la esperanza de una solución se ha centrado en reuniones realizadas con la empresa afianzadora del proyecto Zurich. El ambiente en torno a la marcha de la mega-obra ha tenido, sin embargo, otras consecuencias, de las cuales no se habla mucho, generando incertidumbre entre los trabajadores y los mismos proveedores de la obra, además de preguntas en el sector bancario panameño, que tiene clientes entre los subcontratistas del proyecto de ampliación.

Importantes gremios empresariales de Panamá, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) o la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) han querido dar una voz de tranquilidad al manifestar su respaldo a la ACP y la confianza en que se encontrará una solución al problema.

Así lo ha hecho también el presidente panameño Ricardo Martinelli, pero los despidos y la reducción de la intensidad de las obras han confirmado que hay otras razones de preocupación, de las que no puede estar ajeno el sector privado.

La inquietud empresarial resulta lógica, luego de las expectativas sobre la generación de oportunidades para Panamá y los panameños proyectadas en lo previo con el proyecto de expansión del Canal, cuyo coto se estimó en unos US$5.250 millones, y que motivó inclusive la decisión de los panameños, a través de un referendo, de dar luz verde a la realización del proyecto.

La iniciativa fue presentada en lo previo como una esperanza de desarrollo en un país de poco más de tres millones de habitantes, que lideró el año pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina, pero que tiene aún ante sí grandes retos por la desigualdad o la brecha existente entre ricos y pobres.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, Alma Cortes, se reunió recientemente con el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, para expresarle su preocupación por los despidos masivos que se han dado en el proyecto de ampliación. La reunión fue solicitada con urgencia por Cortés, al señalar que hay empresas subcontratadas por GUPC en las que no se les están pagando el salario mínimo correspondiente ni las horas extra a los trabajadores.

Genaro López, secretario de Finanzas del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (Sintracs), reconoció la preocupación por los miles de trabajadores que asegura han sido despedidos en el proyecto, por lo que señala que hay ahora alrededor de 3.000 obreros trabajando en el mismo. 

"Los despidos son un problema que afecta la economía de Panamá y del país, por lo que habría que ver lo que significaría si esto se detiene", señala el dirigente.

El sindicalista manifestó que los obreros, que conocen lo que hacen y están acostumbrados a un ritmo de trabajo, sienten preocupación y esperan para saber qué va a pasar.