Perú tiene más de 200 conflictos ligados a proyectos mineros y energéticos y Humala quiere solucionarlos porque requiere de fuertes inversiones para financiar parte de sus planes sociales.
Lima. La paralización de la mayor inversión minera en la historia de Perú tras fuertes protestas sociales amenaza con poner un freno a las inversiones por más de US$50.000 millones que espera el sector clave de la economía local.
Pero aún con los cientos de conflictos latentes, al menos por ahora las mineras siguen apostando por Perú, dado que los altos precios de los metales siguen haciendo del país andino una buena inversión.
En lo que va del año, tres importantes proyectos mineros con inversiones por casi US$6.000 millones fueron cancelados o puestos en espera en medio de protestas de pobladores cercanos a los yacimientos que hundieron en el caos a regiones del país.
El más reciente fue el proyecto de oro y cobre de US$4.800 millones de la estadounidense Newmont Mining, la mayor inversión minera en la historia de Perú, que tras resistir un mes de protestas postergó su desarrollo.
Las protestas, que desnudaron diferencias en el gobierno en la manera de afrontar el problema, provocaron una fuerte crisis política en la gestión del presidente nacionalista Ollanta Humala, apenas cinco meses después de asumir con el apoyo de los pobladores que hoy se manifiestan.
El emblemático proyecto Minas Conga podría ser la punta del iceberg de más paralizaciones o demoras en proyectos en un sector que es responsable del 60 por ciento de las exportaciones del país y uno de los motores de una década sostenida de crecimiento económico a tasas chinas.
Sobre el proyecto de cobre Río Blanco de la china Zijin Mining, de US$1.600 millones, se cierne la amenaza de una nueva protesta de pobladores en el norte de Perú, que como otros en el país temen que la minería contamine sus tierras.
"La población está decidida a defender su tierra y su agua. Nosotros como municipio lo apoyaremos", afirmó a Reuters Sebastián Meléndez, gerente municipal del distrito en el norte de Perú que se opone al desarrollo del plan minero.
Representantes de Zijin en Perú no estuvieron disponibles para comentar la situación. En el 2009, fuertes protestas contra su proyecto dejaron al menos dos pobladores muertos.
Y no es el único plan amenazado.
Ha quedado en el limbo el proyecto Tía María de US$1.000 millones de Southern Copper , que debe realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para su desarrollo, tras una ola de protestas que dejaron tres muertos.
Pese al riesgo de las protestas, los analistas afirman que las empresas mineras siguen apostando por Perú porque el país garantiza tasas de retorno elevadas y porque la fortaleza de los precios de los metales se mantendría en el mediano plazo, pese a los temores de una crisis financiera mundial.
"Es natural que los agentes mineros estén preocupados por los últimos acontecimientos, pero nosotros no estamos pesimistas del todo, creemos que es un efecto temporal", dijo el analista de la correduría local Inteligo, Rodrigo Zuazo.
Perú espera inversiones por US$51.700 millones en el sector minero - cerca de un tercio de su producto interno bruto nominal- para los próximos años, enfocados en la producción de cobre, hierro y oro, principalemnte.
El país es el segundo mayor productor mundial de cobre y zinc, el cuarto de plomo, el segundo de plata y sexto de oro.
Preocupados, pero apuestan. Las protestas contra las empresas mineras se han convertido en el mayor desafío del gobierno de Humala, que ha afirmado que busca promover la inversión minera, pero con responsablidad de las empresas y la garantía de que se respete al medio ambiente.
Perú tiene más de 200 conflictos ligados a proyectos mineros y energéticos y Humala quiere solucionarlos porque requiere de fuertes inversiones para financiar parte de sus planes sociales.
Si bien Humala quiere aminorar los roces con diálogos más profundos con las comunidades, anticipó que no le temblaría la mano para evitar violentas manifestaciones.
Ejecutivos y representantes de las mayores mineras globales dijeron que, ante los persistentes conflictos, tienen que aprender a convivir con las protestas en Perú y tratar de mantener buenas relaciones con las comunidades aledañas a los proyectos.
El proyecto Cañariaco de la canadiense Candente Copper, que espera una inversión de US$1.600 millones y que se encuentra en la región de Lambayeque vecina a Cajamarca, es uno de los que seguiría su rumbo de desarrollo, pero con trabajo social para evitar roces con su zona de influencia.
"La convivencia es lo que hace que acepten el proyecto, puede que en una consulta se rechace, es una posibilidad, lo asumimos; pero estamos trabajando y confiamos en la capacidad de comunicación que estamos desarrollando", dijo el gerente general de Cañariaco, Marco Marticorena.
Eduardo Llosa, apodorado legal de la minera australiana Metminco Ltd, que prevé invertir US$2.200 millones en el sur del país, se mostró preocupado, aunque ratificó los planes de la empresa en el país.
"Los temores son del momento, pero en ningún momento hemos pensado suspender nada. Estamos tratando de hacer las cosas bien, no tenemos problemas tanto en la parte social como en la parte operativa", dijo Llosa.
Anglo American, que tiene en carpeta dos proyectos con una inversión conjunta estimada de US$3.700 millones, también ratificó su interés y proyectos en el país, pese a que uno de los proyectos de exploración fue afectado durante los días que duraron las protestas contra Newmont.
