A economistas e inversores les preocupan cada vez más los "riesgos sociales" que podrían afectar a proyectos mineros que impulsarían la posición de Perú como exportador mundial.

Morococha. Perú ha logrado que empresas mineras comprometan US$35.000 millones en la construcción de nuevos proyectos durante la próxima década, pero son cada vez más los inversores que se topan con una imprevisible oposición local y la amenaza de violencia.

Construir las minas, la mayor parte de ellas financiadas por compañías extranjeras, impulsaría la posición de Perú como uno de los principales exportadores de minerales del mundo y fortalecería el motor que ha hecho de la nación una de las de mayor crecimiento en Latinoamérica en los últimos años.

Perú obtuvo el codiciado grado de inversión, cuenta con un sólido sistema financiero y los sondeos de opinión apuntan a que los votantes peruanos elegirán a un candidato conservador o de centro en la elección presidencial de 2011.

Sin embargo, a economistas e inversores les preocupan cada vez más los "riesgos sociales" que podrían minar el crecimiento en el largo plazo. Muchos peruanos aún viven en la pobreza y fuera de las grandes ciudades gran parte de éstos reclaman por no gozar de los beneficios del auge económico.

Los pueblos rurales protestan contra 100 proyectos mineros o energéticos, según la agencia de derechos humanos de Perú.

En el último año, más de 30 personas murieron en conflictos generados por las políticas sobre la explotación de recursos naturales del presidente Alan García, quien ha impulsado la concesión de zonas petroleras y la atracción de inversiones mineras.

Seis personas murieron el mes pasado cuando la policía chocó con mineros informales y, días después, agricultores bloquearon carreteras para protestar por un proyecto minero de una compañía de raíces mexicanas.

El proyecto cuprífero Río Blanco, planeado por la firma china Zijin con una inversión de US$1.400 millones, ha sido paralizado en dos ocasiones por violentos enfrentamientos.

"Lo primero que haría es revisar y hacer una mejor evaluación de riesgo de donde estoy poniendo mi plata", dijo Antonio Bernales, mediador en conflictos sociales y ambientales para su consultora Futuro Sostenible y para el Banco Mundial.

Bernales explicó que algunas empresas pasan por alto temas clave como: ¿El proyecto se encuentra en un valle agrícola o en una localidad cercana a minas existentes? ¿Los vecinos de la mina son agricultores preocupados por el uso del agua o indígenas que se puedan sentir maltratados?

Llenando el vacío estatal. En gran parte de las zonas rurales del país la presencia del Estado es nula. Cuando las mineras entran en el escenario, en muchas ocasiones se les pide que construyan escuelas, hospitales y estaciones policiales y den trabajo a la comunidad.

Usualmente deben luchar para persuadir a las personas de que no utilizarán su agua y no contaminarán o afectarán sus tierras ancestrales. Los que las critican temen que viertan desechos tóxicos o tengan pobres prácticas de seguridad.

En medio de los conflictos, de los altos precios de las materias primas y de la llegada de inversores al país, el destino de las nuevas minas también depende de cómo actúen las partes involucradas.

Gerald Wolfe, jefe del proyecto cuprífero Toromocho de US$2.200 millones propiedad de Chinalco, una de las firmas chinas que han adquirido recientemente proyectos mineros en Perú, dijo que las empresas que operan en el país algunas veces deben llenar el vacío dejado por el Gobierno central.

"Las compañías no están diseñadas para ser el Estado y están en una situación muy difícil debido a que esencialmente lo único que tiene una empresa minera es dinero", explicó.

Para edificar su mina, Chinalco debe relocalizar a las 5.000 personas que viven en el pueblo llamado Morococha, asentado sobre lo que será su yacimiento de cobre en los Andes, unos 4.600 metros sobre el nivel del mar.

Las familias del nuevo pueblo que está siendo desarrollado por Chinalco tendrán su propia casa y gozarán de servicios que hasta el momento no han tenido en Morococha, como drenaje y electricidad ininterrumpida.

La mineras "deben hoy pensar seriamente sobre el potencial de conflictos sociales y estimar cuáles serán", dijo Wolfe.

El Gobierno pasó gran parte de abril desbloqueando una importante carretera tomada por mineros informales molestos por nuevas leyes ambientales e impositivas, y por agricultores que dicen que el proyecto Tía María de Southern Copper de US$1.000 millones afectará su abastecimiento de agua.

Ello recordó el poco avance del presidente García en evitar la violencia desde el año pasado, cuando decenas personas murieron durante protestas de indígenas en contra de leyes diseñadas para atraer inversiones a la Amazonía.

Los choques fueron los más violentos del segundo mandato de García, quien debió derogar leyes claves y reformar su gabinete para sofocar los enfrentamientos.

La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, dijo a Reuters que los conflictos aumentarían de cara a las elecciones regionales de octubre, debido a que muchos políticos diseñan sus campañas con la denuncia o apoyo a una mina en particular.

Campo minero incendiado. Rosa Figueroa, funcionaria del regulador minero Osinergmin, trabajaba en relaciones comunitarias en la mina de cobre Tintaya en 2005 cuando enojados residentes incendiaron el campamento de la empresa.

"Las comunidades con las que supuestamente teníamos tan buena relación toman el campamento, incendian todo, un poco más y nos linchan", recordó Figueroa, quien destacó que las firmas deben proveer beneficios reales a los residentes si quieren tener un ambiente operacional estable.

Iván Lanegra, un director de la agencia de derechos humanos de Perú, dijo que el Gobierno avanza en una mayor regulación pero aún debe aprobar dos reformas clave para evitar protestas.

La primera reforma debe contemplar que el ministerio del Ambiente sea el que apruebe a los inversores los permisos de impacto ambiental en lugar de la cartera de Energía y Minas.

Y la segunda, que se promulgue una ley, aprobada recientemente en el Congreso, para que los grupos indígenas sean consultados sobre el uso de recursos en sus tierras.

"Estamos preocupados porque se siguen dando decretos legislativos. Miran a la Amazonía como un mercado para que se lleven nuestros recursos naturales", dijo Daysi Zapata, líder del importante grupo que representa a los indígenas Aidesep.