El propósito, según Ricardo Buryaile, autor de la iniciativa y ex dirigente agrario, es reducir a la mitad el índice de las retenciones al maíz, y disminuir 5% el de la soya.
Buenos Aires. La oposición argentina acordó un proyecto de ley para presentar en el Congreso que recorta los polémicos impuestos a las exportaciones de granos, que hasta el momento eran fijados por el gobierno gracias a una facultad que expiró el miércoles.
El gravamen representa un importante aporte a la recaudación fiscal, por lo que, en caso de aprobarse la propuesta, el gobierno -que está enfrentado desde hace años con el sector agropecuario- se verá en dificultades para reemplazar ese ingreso.
La iniciativa estipula una baja considerable y hasta la eliminación de los impuestos a las exportaciones -llamados retenciones- que pagan productos como soja, el maíz, trigo, girasol y carne, de los que Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales.
El proyecto "reduce a un 10% el índice de las retenciones al maíz -desde un 20% actual- y a un 30% las de la soja -desde el 35% actual-, contemplando una reducción de 5% por año para ambos cultivos", según un comunicado de Ricardo Buryaile, autor de la iniciativa y ex dirigente agrario.
El acuerdo legislativo tuvo lugar por la noche del martes, cuando estaban a punto de vencer las llamadas "facultades delegadas" por el Congreso al gobierno, entre las que se contaba la de fijar retenciones, que no fueron renovadas.
Aunque algunos sostienen que tras el fin de esas facultades no está clara la situación de las tasas a las exportaciones, tanto la mayor parte de los diputados opositores como el gobierno asumieron que las retenciones permanecerán sin cambios hasta que sean modificadas por el Congreso.
La propuesta de Buryaile, de todos modos, no contó con el apoyo de todo el sector agropecuario, ya que los representantes de los productores de baja escala consideraron insuficientes los beneficios que la norma prevé para ellos.
El proyecto "reduce a un 10% el índice de las retenciones al maíz -desde un 20% actual- y 30% las de la soja -desde el 35% actual-, contemplando una reducción de 5% por año para ambos cultivos", según un comunicado de Ricardo Buryaile, autor de la iniciativa y ex dirigente agrario.
El acuerdo legislativo tuvo lugar por la noche del martes, cuando estaban a punto de vencer las llamadas "facultades delegadas" por el Congreso al gobierno, entre las que se contaba la de fijar retenciones, que no fueron renovadas.
Aunque algunos sostienen que tras el fin de esas facultades no está clara la situación de las tasas a las exportaciones, tanto la mayor parte de los diputados opositores como el gobierno asumieron que las retenciones permanecerán sin cambios hasta que sean modificadas por el Congreso.
La propuesta de Buryaile, de todos modos, no contó con el apoyo de todo el sector agropecuario, ya que los representantes de los productores de baja escala consideraron insuficientes los beneficios que la norma prevé para ellos.
"Creemos que este dictamen (de proyecto) plantea el mismo modelo de concentración de la riqueza (que el actual), pero con menor presión tributaria. Así, los que pierden son siempre los mismos: los pequeños y medianos productores", señaló el diputado Ulises Forte, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina.
Debate. La Cámara de Diputados debe discutir ahora el proyecto, que luego pasaría al Senado, en un proceso que podría provocar nuevos cortocircuitos entre el sector rural y la presidenta Cristina Fernández, enfrentados desde el 2008 por las reiteradas intervenciones estatales en los mercados de alimentos.
La iniciativa pone en juego un gravamen que este año sumará cerca de US$7.300 millones por un total de exportaciones agrícolas de US$24.000 millones, impulsado por la soja -el principal cultivo del país-, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Pero los expertos consideran que es muy difícil que el proyecto de ley sea aprobado sin cambios por el Congreso, ya que la oposición podría sumar una mayoría en la cámara baja pero difícilmente lo logre en el Senado, dominado por el gobierno.
"La clave pasa por el Senado y por el conflicto que hoy hay entre Federación Agraria y las otras asociaciones", afirmó el analista político Roberto Bacman.
"Porque si el gobierno cambia su postura y acepta las retenciones diferenciales (propuestas por Federación Agraria) podría haber una sorpresa", dijo en alusión a la posibilidad de un acuerdo entre el oficialismo y esa entidad rural.
"Pero si el proyecto no es modificado el gobierno lo vetaría, porque las retenciones son una clave para su modelo. O es negociado o es vetado", añadió.
