Casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- podrán reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.

Santiago. Tras 8 años de trámite legislativo, el Congreso Nacional despachó durante la jornada el proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de lavado de activos (Boletín N° 4426-07), quedando en condiciones de ser promulgado como Ley de la República.

Lo anterior, luego que la Sala del Senado aprobara (por 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención y 0 pareo) el informe de Comisión Mixta, que amplió la nómina de delitos base del lavado de dinero, contenida en la Ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La iniciativa se originó en una moción ingresada en agosto de 2006 por los ex diputados Gabriel Ascencio, Jorge Burgos, Juan Bustos, Francisco Encina, Álvaro Escobar, Carlos Montes y Eduardo Saffirio, que fue patrocinada por el Ejecutivo. Durante su discusión fue objeto de diversas indicaciones para subsanar algunos vacíos que tenía nuestra legislación, y que organismos tales como el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, hoy Gafilat) nos habían advertido en sus evaluaciones a Chile de los años 2006 y 2010.

En este contexto, el cuerpo legal precisa, entre otros puntos, que los sujetos obligados a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, ahora también deberán hacerlo respeto del financiamiento del terrorismo.

“Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa respecto de la prevención, detección y persecución del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), y nos ayuda a situarnos dentro de la línea formal de cumplimiento a nivel global”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz.

Puntualizó que, en la actualidad, poco más de 5.200 personas y empresas privadas, correspondientes a 36 sectores económicos, deben enviar a la UAF los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos (ROS) que detecten en el ejercicio de su actividad, y los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 UF, o su equivalente en otras monedas.

Sin embargo, una vez que la Ley se publique en el Diario Oficial, se estima que el número de sujetos privados obligados a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y/o financiamiento del terrorismo, se acercará a 5.300, al incluirse las Organizaciones Deportivas Profesionales, las Representaciones de Bancos Extranjeros y las Empresas de Depósito de Valores.

A esto se suman casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- que hoy no podían alertar a la UAF sobre eventuales actividades ilícitas, y que ahora, con la nueva ley, podrán reportar operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones.

Cabe destacar, además, que la nueva Ley modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) desde 450 Unidades de Fomento a US$10.000 de Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas.

Asimismo, amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos, al agregar el contrabando, los delitos en contra de la propiedad intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la asociación ilícita, la comercialización de material pornográfico, las estafas y otros engaños, y el delito tributario.

El director de la UAF, Javier Cruz, también resaltó que el proyecto faculta a los fiscales del Ministerio Público, con autorización de un juez de garantía, a solicitar todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones bancarias (de cualquier naturaleza), de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho, que sean objeto de una investigación de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo.

Respecto del Servicio Nacional de Aduanas, precisó que la nueva ley lo faculta para aplicar la retención de hasta un 30% de la moneda en efectivo superior a US$ 10.000 no declarada por una persona al momento de ingresar a nuestro país, o del 100% de los instrumentos negociables al portador no declarados.

Finalmente, el director de la UAF sostuvo que el cuerpo legal permite el congelamiento y retención de activos de las personas vinculadas al financiamiento del terrorismo, que se encuentren listadas como terroristas por Naciones Unidas.

“Para nosotros en la UAF, el impacto de esta Ley es muy importante, ya que no sólo va a aumentar el volumen de información que periódicamente recibimos, sino que además nos va a obligar a redoblar nuestro trabajo de capacitación, con el objetivo de enseñar a los distintos actores de la ley a cuidarse de no ser utilizados como instrumento de los lavadores de dinero”, concluyó Javier Cruz.