El nuevo decreto se diferencia del anterior en que solo expropiará las tierras posesionadas por los campesinos de manera quieta, pacífica y no interrumpida de la tierra por un espacio de cinco años.

Tegucigalpa. El Congreso de Honduras conoció un proyecto de ley que sustituye al polémico 18-2008 que procuraba eliminar la mora agraria pero que quedó sin efecto al ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Bajo el argumento de que se avecina una crisis agraria y que el país no está en condiciones de echar a perder la relativa paz en que vivimos, el anteproyecto aborda los mismos problemas expuestos por el 18-2008 emitido a iniciativa del gobierno de Manuel Zelaya.

El nuevo decreto, presentado por el diputado zelayista Marvin Ponce, se diferencia del anterior en que solo expropiará (a sus legítimos propietarios) las tierras posesionadas por los campesinos por un espacio de cinco años durante los cuales se haya observado una "ocupación quieta, pacífica y no interrumpida de la tierra".

El anterior decreto incorporaba los predios con una ocupación de dos años.

Dirigentes campesinos advirtieron movilizaciones luego de que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), que presentó un recurso de inconstitucionalidad.

Ante esta situación, el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, se reunió anteayer con representantes de las tres confederaciones campesinas en un intento por convencerlos de que paren las medidas de presión anunciadas mientras el Congreso le busca una solución al problema.

"Lo que les puedo pedir a los campesinos es que con calma vamos a encontrar una solución pero no se desesperen. Ya en el pasado han habido en Honduras baños de sangre por problemas de tierras", dijo Hernández.

"No comparto la decisión en el momento que lo tomó la Corte, eso genera más problemas", añadió.

En el fallo, la Corte no aclara qué va a pasar con los expedientes que, en base al 18-2008, el Instituto Nacional Agrario (INA) ya les dio curso, otorgándole títulos de propiedad a casi 300 grupos campesinos que ocupaban unas 31 mil hectáreas.

Aún están pendientes de resolución, que por ahora está congelada, las solicitudes de otra cantidad similar de cooperativas agrarias que tienen en posesión más de 30 mil hectáreas. Los grupos campesinos ocupan estas tierras desde hace dos, cinco, diez y hasta treinta años, según las fuentes agrarias.

El nuevo decreto. El nuevo decreto presentado por Ponce, que fue turnado a una Comisión Especial que lo estudiará y emitirá un dictamen, declara la afectabilidad de las tierras en posesión de los campesinos por un período no menor de cinco años.

Igualmente, "el Instituto Nacional Agrario procederá a la recuperación de las tierras nacionales y ejidales rurales en poder de particulares que no estén cumpliendo con su función social, sin más trámite que a la investigación de campo y el evalúo de mejoras".

"Las tierras rurales propiedad del Estado en dominio pleno que no estén destinadas a proyectos públicos específicos y que sean aptas para la agricultura y ganadería serán traspasadas por Finanzas al INA en un plazo no mayor de 90 días", agrega.

"El INA -añade- procederá en el término de seis meses a la recuperación de todas aquellas tierras adquiridas mediante la compra directa, con la finalidad de ser adjudicadas a los beneficiarios de la reforma agraria y que actualmente se encuentran en poder de personas particulares debiendo en todo caso reconocerles únicamente una indemnización por las mejoras permanentes introducidas en los predios".

El proyecto establece el mismo sistema de bonos agrarios para pagar la indemnización a los legítimos propietarios de las tierras, previo avalúo, para lo cual se autoriza a Finanzas a destinar una partida de 700 millones de lempiras (US$36 millones) en bonos.

"Se indemnizará con bonos especiales de la deuda agraria clase A las expropiaciones y pagos de mejoras por un valor de un mil lempiras (US$ 51,9) los que devengarán el 5% de interés anual redimible en amortizaciones cada cinco años en cuotas similares por un período de diez años", dice.

"Los bonos de la indemnización del predio o mejoras le serán entregados por medio del Banco Central de Honduras a los propietarios de los predios, y en caso de no ser reclamados serán consignados en depósito al Juzgado de Letras de lo Civil con jurisdicción en el lugar donde se encuentre ubicado el inmueble".

El presidente de la Comisión Especial, Orle Solís, dijo que concertarán este decreto con el Cohep y la Fenagh para que no introduzcan un nuevo recurso de inconstitucionalidad.