Según datos difundidos por la organización antitabaco World Lung Foundation, el contrabando de cigarrillos en Uruguay ronda entre el 20% y 30% del mercado a nivel nacional. Estas cifras ubican al país a la cabeza en la venta ilegal dentro de América del Sur.
Es media mañana en la feria de Tristán Narvaja. Casi al final, sobre una esquina y recostado contra la pared, un joven expone cuatro cajillas de cigarrillos sobre un cajón de verduras. Un cliente se acerca y hablan durante 30 segundos. Un par de minutos después otra persona llega al lugar con dos cartones completos que entrega en sus manos. A su alrededor ya hay otras dos que esperan para comprar cigarrillos por los que pagarán entre $20 y $ 25 (alrededor de US$1).
Esta postal de domingo se repite todos los días en ferias, puestos ambulantes y almacenes de Montevideo y el interior. El mercado comenzó a gestarse hace unos ocho años atrás, y cobró fuerza a partir de 2010 cuando el gobierno de Tabaré Vázquez tomó fuertes medidas antitabaco, entre ellas la de disponer un incremento del Impuesto Específico Interno (Imesi) que gravó el costo del producto.
Según datos difundidos por la organización antitabaco World Lung Foundation, el contrabando de cigarrillos en Uruguay ronda entre el 20% y 30% del mercado a nivel nacional. Estas cifras ubican al país a la cabeza en la venta ilegal dentro de América del Sur, con un volumen estimado de 1.200 millones de cigarrillos al año que se venden en forma ilegal, que a su vez representa una pérdida de recaudación de impuestos (Imesi e IVA) de alrededor de
U$S 150 millones.
“Esto nos está matando. La incidencia del contrabando en el mercado es más que preocupante, ya es grave”, aseguró a El Observador, el presidente de la Asociación de Kiosqueros del Uruguay, Claudio Orrego.
Los comerciantes del Centro ya están acostumbrados a toparse con puestos de venta ambulantes, pero también con ferias establecidas, como la llamada de los “techos verdes” frente al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Dirección General Impositiva (DGI) que ofrecen productos ilegales.
La competencia desleal también se ha extendido a comercios formales en el cinturón suburbano de la ciudad. “Hay almaceneros que ya no tienen otra que tener estos cigarrillos escondidos por algún rincón, para no perder clientes. Si el fumador no puede acceder a lo que desea por el precio, no va a dejar de fumar. Se va y compra en la feria por cartón. Pero para el almacenero también es perder un cliente de todos los días, porque no solo le deja de comprar cigarrillos, sino un montón de cosas más”, afirmó Orrego.
Una cajilla de cigarrillos de contrabando en Uruguay se vende a $20, casi la mitad de lo que deberían pagar por Imesi ($38 casi US$2), mientras que una de marca legal se comercializa entre $70 y $80 (unos US$4). Las principales marcas ilegales que se encuentran en el mercado son Milenio, Eco y 51. Esta última, de origen paraguayo, es la tercera marca más consumida y representa el 10% de las ventas, según la última auditoría de mercado, realizada por la consultora internacional Synovate en el año 2010, a la que accedió El Observador.
Controles. El director nacional de Aduanas, Enrique Canon, dijo a El Observador que la tendencia en los últimos años marca que se ha incrementado el ingreso de cigarrillos si se observa el monto de las incautaciones. En su mayoría son de origen paraguayo, aunque también se tiene conocimiento de la existencia de fábricas cuya producción es “marginal”.
Hasta abril de 2013 se llevaban incautados US$85.000 en cigarrillos en lo que va del año, una cifra que se considera récord en comparación a lo sucedido en años anteriores. En 2012 se habían incautado US$172.000, en 2011 US$307.000 y US$129.000 en 2010.
La Dirección de Aduanas no cuenta con cifras oficiales respecto a qué porcentaje de las ventas del mercado provienen del contrabando. El MSP tampoco ha realizado auditorías de mercado para poder medir el contrabando de tabaco. Sí se han hecho encuestas a fumadores, para saber, entre otras cosas, qué cigarrillos fuman. Pero son una minoría las personas que declaran que consumen marcas ilegales.
Ana Lorenzo, integrante del Programa de Control del Tabaco del MSP, dijo a El Observador que Uruguay está obligado a controlar el mercado ilegal, pero ello no puede hacerse solo a través del MSP y que se debe trabajar en coordinación con otros ministerios, como Economía, Interior, Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, además de la Dirección Nacional de Aduanas.
Lorenzo indicó que desde el gobierno se estudia la forma para cumplir y poner en marcha el nuevo protocolo de combate al comercio ilícito de tabaco, incluido en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que Uruguay firmó en la quinta conferencia de los estados partes realizada en Corea a fines de 2012. El acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento para que sea obligatorio.
Entre sus puntos, el protocolo establece que se deberán “adoptar y aplicar medidas eficaces” para controlar o regular la cadena de suministro a fin de “prevenir, desalentar, detectar, investigar y perseguir el comercio ilícito”. Agrega que “se deberán tomar todas las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para potenciar la eficacia de las autoridades y los servicios competentes, incluidos los de aduana y policía”.
También señala que cada país deberá procurar que se conceda una licencia a cualquier persona física o jurídica que se dedique a la venta al por menor de productos de tabaco, el transporte de cantidades comerciales, venta al por mayor, intermediación, almacenamiento o distribución.
Pedido de informes. El diputado Jorge Gandini envió a mediados de mayo al MSP un pedido de informes en el que solicita a la cartera cifras oficiales sobre el contrabando de cigarrillos y detalles sobre qué auditorías de mercado se han hecho para analizar tendencias.
Además reclama conocer qué medidas o gestiones se han promovido para combatir el comercio ilícito y qué acciones ha tomado el cuerpo de inspectores del MSP. Por último, solicita información sobre qué porción de los impuestos recaudados por la venta legal se destina a combatir o prevenir el comercio ilícito.
Gandini señala en el pedido de informes que el nivel de contrabando no puede ser considerado “hormiga”, porque además de provocar pérdidas millonarias al Estado en la recaudación de impuestos, “erosiona el esfuerzo” que se realiza para combatir la epidemia de tabaquismo.
La entrada ilegal de estos productos facilita el acceso a cigarrillos baratos, sin advertencias sanitarias y que ignoran el marco normativo vigente, advierte el legislador.
Prohibirán publicidad de tabaco en comercios. El gobierno continúa su política contra el tabaquismo y quiere sumar una medida más para evitar el consumo. El martes pasado, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para modificar el artículo 7 de la ley Nº 18.256, que contiene medidas relacionadas con la reducción y demanda de tabaco.La modificación que quiere incorporar el Ejecutivo incluye la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco en el interior de los locales de venta. La ley vigente prohíbe toda forma de publicidad, promoción o patrocinio de los productos de tabaco, excepto dentro de los locales de venta. El proyecto tiene la intención de prohibir que el tabaco esté a la vista de los clientes. Hoy está permitido instalar marquesinas en quioscos y supermercados, sin la inscripción de la marca de cigarrillos, pero sí con los colores y logo, aunque con la mitad del espacio dedicado a mensajes del MSP en contra del consumo, de forma que el consumidor identifique sin problemas a qué hace referencia. La iniciativa prohibirá esa exhibición, así como las vitrinas con cajillas de cigarros, establecidas, por ejemplo, en supermercados. Lo único que podrán mostrar los comercios será un listado de productos acompañado con información sobre los perjuicios para la salud.
