Según el presidente uruguayo, José Mujica, las empresas públicas invertirán este año US$2.500 millones en infraestructura.
Uruguay crece, el país produce más, aumentan las ganancias, la economía mantiene su expansión –aunque más leve–, el consumo se dispara, los riesgos de crisis parecen lejanos aunque hay cautela por algunas señales adversas. Una inversión como la de Botnia –hoy UPM– de US$1.200 millones llamaba la atención a mediados de la década pasada. Hoy es más corriente manejar esas cifras, característica de un ambiente de prosperidad. Es un dinero que en la actualidad se piensa, sobre todo, para mejorar una infraestructura que en la Banda Oriental no acompasa el desarrollo. El Estado uruguayo ha ingresado como actor relevante en este sentido con el impulso de una serie de proyectos, algunos de los cuales no han escapado a la polémica.
La mejora de las rutas nacionales, el avance en los trenes de carga y la concreción de un puerto de aguas profundas en costas del océano Atlántico, la central de UTE de ciclo combinado y la regasificadora, apuntan a evitar lo que el presidente José Mujica llamó “apagón logístico” y forman parte de las grandes obras de infraestructura que el país necesita arremeter. Estas iniciativas han elevado el rol del Estado en ese aspecto. Según el mandatario, las empresas públicas invertirán en 2013 US$2.500 millones en infraestructura.
Pavimento y vías. Los planes en torno a las carreteras se encuadran dentro de las iniciativas de Participación Público Privada (PPP). Como primera etapa, se debería empezar a trabajar este año en las rutas 21 y 24. La primera une Colonia con Mercedes y la segunda Paysandú con Fray Bentos. Hubo un intento por incluir la 26, única ruta que corta de lado al país –y en muy mal estado en varios tramos–, pero no se llevó adelante por falta de interés empresarial.
De acuerdo a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), se invertirá hasta 2015 más de US$1.100 millones en diferentes proyectos PPP, de los cuales más de la mitad estarán destinados a la construcción y mantenimiento de las carreteras. La CND reconoce que se trata de solucionar una “emergencia” pero no el problema de fondo. Las rutas nacionales están siendo llevadas a su límite. Por ellas se transporta el 95% de la carga, con pesos que han aumentado sideralmente en la última década. Además, se incrementará cuando comience a operar la planta de celulosa Montes del Plata –una inversión de US$1.900 millones–, ubicada en el departamento de Colonia.
Los trenes deberían ser la solución para aliviar las rutas de tantos camiones llenos de madera, granos o carne. Pero los trenes en Uruguay viven un largo padecimiento. La Asociación de Ferrocarriles del Estado (AFE) lucha por sobrevivir. Los trenes transportan 1,4 millones de toneladas por año, el 5% del total (de los 3.073 kilómetros de vías férreas solo funciona el 53%). La actual administración de AFE espera este año elevar el monto de la carga a 1,8 millones de toneladas.
El ente recibe en promedio US$20 millones en subsidios anualmente, cifra que ha ido disminuyendo. Para el final del mandato de Mujica, se espera que el Fondo del Mercosur (Focem) haya colocado US$200 millones en AFE. Para el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Pablo Genta, una reestructuración de AFE podría costar US$700 millones.
Las metas para 2013 están fijadas en la creación de una empresa 100% estatal entre AFE (51%) y la CND (49%) que funcionará con normas del derecho privado, una idea demorada en concretarse: desde 2011 existe un decreto al respecto. Esta semana se firmó un acuerdo, por casi US$2,7 millones, entre el MTOP y la consultora argentina AC&A que asesorará a AFE en la operativa de carga y en infraestructura. Se estudia con la CND mediante acuerdos PPP mejorar la ruta al puerto de Fray Bentos y entre Río Branco y Montevideo.
Ya con recursos Focem se terminaron trabajos de recuperación de las vías que unen Pintado, en Florida, con Rivera. Aseguró la conectividad con Brasil a un costo de US$75 millones y se obtuvieron otros US$130 millones del Focem para los tramos entre Algorta, Paysandú y Salto.
Entre puertos y energía. Con el dragado del canal Martín García demorado y con eternas idas y vueltas, la idea de un puerto de aguas profundas para recibir embarcaciones de gran calado, ganó la cabeza del gobierno y así se llegó a la concreción del proyecto de montar uno en la costa de Rocha. En julio del año pasado el Poder Ejecutivo envió la iniciativa al Parlamento y en diciembre ésta fue aprobada en el Senado. El proyecto se encuentra en el punto de mira por el impacto ambiental que pudiera tener, sobre todo, en las playas de esa zona atlántica.
Se estima una inversión de US$1.000 millones para este proyecto, en el cual hay 40 empresas de 13 países interesadas. Se trata de una obra pública que tendrá financiamiento y gestión privada a través de los PPP. La minera Aratirí estaría muy interesada en sacar sus minerales por este puerto. El gobierno prevé expropiar unas 2.800 hectáreas en la zona del balneario El Palenque, ubicado entre La Pedrera y Cabo Polonio. El gobierno quiere concretar la adjudicación antes del fin del mandato en 2015; la construcción del puerto demandará tres años. La obra se adjudicará a privados para su explotación por 30 años.
Mientras tanto, el proyecto energético más importante del gobierno de Mujica es la central de UTE de ciclo combinado a construirse en Punta del Tigre. Se cree que el ciclo combinado –gas y vapor– es más eficiente y abarataría fuertemente la energía eléctrica. Se trata de la segunda terminal y el mayor contrato firmado en la historia del ente. UTE suscribió con la surcoreana Hyundai un convenio por US$1.200 millones que incluye el montaje de la obra y el mantenimiento de la central por siete años. Puntualmente, el pago del ente a los surcoreanos para la construcción de la planta de 531 megawatts asciende a US$529 millones.
La empresa surcoreana deberá entregar la primera de las tres turbinas en un plazo de 18 meses desde este enero (mediados de 2014). Las otras dos, deberán estar operativas en 22 y 36 meses, respectivamente.
La otra apuesta en energía del Poder Ejecutivo es la construcción de una planta regasificadora en Puntas de Sayago para facilitar la distribución del combustible. La licitación se abrirá en marzo próximo. Hay cuatro empresas extranjeras preseleccionadas. La instalación de esta obra demandará muelles de descarga y una escollera para recibir a los barcos metaneros con carga de gas natural; en el futuro podría dragarse el canal de acceso a una profundidad de 12,6 metros. Lo producido en la planta saldrá luego por un gasoducto que conectará el muelle con la unidad flotante, que se encontrará a dos kilómetros. El gasoducto, que ya existe y que une a Uruguay con Argentina, tiene una capacidad de entre 6 a 8 millones de metros cúbicos de gas. La compañía que gane la licitación recibirá un canon de US$120 millones por el arrendamiento de la unidad flotante y la operación de la planta regasificadora. Con ella también se pretende asegurar la energía y bajar su precio.
La democracia de la fibra óptica. Desde el punto de vista tecnológico, de internet y de comunicaciones, el gobierno ha apostado por la instalación de la fibra óptica en todo el país. Con una inversión de US$550 millones, ANTEL buscará “democratizar” el acceso a internet. Se calcula que ya en 2012 la fibra óptica llegó a 240 mil hogares en todo Uruguay y se aguarda que en los dos próximos años se alcance todos los centros poblados de más de 3.500 hogares. La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente, de mejor calidad que el cobre y hecho de vidrio o materiales plásticos.
En relación a la velocidad de subida, el ente avanzó 70 posiciones a nivel mundial –con un promedio de 7,35 Mbps–, para servicios en hogares. Pasó del lugar 135 al 65. En América Latina está en el puesto número 2, solo por detrás de Chile, según el portal Prensario Internacional.
