Múltiples procesos ha tenido que afrontar el periodista Héctor Mario Rodríguez por cuenta de sus artículos en los que expone las irregularidades cometidas por Serafino Iacono.

La bola de nieve se desató con una simple confrontación de informaciones bursátiles. Fue en 2009, cuando el editor del portal de noticias Primera Página, Héctor Mario Rodríguez, se enteró de un escándalo ejecutivo del más alto nivel al interior de Coalcorp, una de las principales compañías mineras de la Bolsa de Toronto.

Se trataba de una demanda por US$161 millones contra cinco de sus principales ejecutivos por una serie de transacciones irregulares ocurridas entre 2005 y 2008.

Los nombres de tres de los acusados llamaron de inmediato la atención del periodista: Serafino Iacono, José Francisco Arata y Miguel de la Campa, todos de origen venezolano y accionistas de Pacific Rubiales, la petrolera de capital canadiense que, por entonces, estaban cambiándole la cara al sector petrolero colombiano.

“Fueron despedidos en 2008 y la compañía le encargó una investigación forense a la firma Kroll. Lo único que hice en septiembre de 2009 fue contar eso, que los señores habían realizado una serie de maniobras. Y el problema fue que, aquí entre nos, por ese documento, quedó claro que el señor Iacono tenía una amante en Colombia”, detalló.

Los expertos encontraron que grandes sumas de dinero habían sido desviadas a una fundación específica y que cubrieron los desplazamientos de una de sus ejecutivas. Mientras la demanda avanzaba en los tribunales canadienses, una alterna acabó con el matrimonio.

Para el profesional, al día siguiente comenzaron los problemas judiciales en su contra, dado que “me demandaron por ese caso, que resultó ser cierto. Si se busca en la revista Jet Set, se encontrará que la pareja terminó viviendo junta y ya tienen dos hijos. Pero además informé que le habían comprado tierras en la isla de Barú al ‘Turco’ llsaca, que adquirieron un yate, que abusaron del jet corporativo”.

La demanda por injuria y calumnia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por el afectado Iacono, y después de un tenso y alargado proceso judicial, fue fallada a favor del periodista en 2010.

Los mensajes del proceso. Entre las anécdotas que componen el caso, Hernández destacó la ocurrida el 9 de abril de 2010, cuando la Fiscalía lo llamó a declarar en el Día del Periodista.

“Este es un caso de mensajes. Quieren decirme que nos los toque más”, comentó.

Pero no fue la única demanda por la que tuvo que responder. Mientras el proceso avanzaba, decidió seguir investigando la información que las compañías donde Iacono tenía intereses y las que, por su condición de públicas, debían reportar a la bolsa.

Allí encontró que los “sueldos estrafalarios” que él y sus socios percibieron, los líos contractuales entre Pacific Rubiales y Ecopetrol, y, sobre todo, las confusiones en los números de la petrolera Alange, la cual había cambiado su nombre a PetroMagdalena.

“A finales de 2010, alrededor de 40 ejecutivos fueron despedidos por haber inflado las cifras. Cuando el caso se supo en enero de 2011, la acción se descolgó y cayó 70%”, recordó.

La respuesta no se hizo esperar, pues esta vez, además de ser demandado nuevamente por injuria y calumnia, lo acusaban de haber desatado pánico económico.

La avalancha judicial. “Este cargo se desata cuando una persona, con una noticia, quiere generar expectativa o poner en peligro la seguridad jurídica o económica de una empresa. No la economía en general”, explicó desde Nueva York Jaime Lombana, abogado que representa a Serafino Iacono en este proceso.

No son sólo los suyo, sino también los de Pacific Rubiales pues, tal y como lo asegura el litigante, la bola de nieve se convirtió en una gran avalancha.

“Como consecuencia de las actuaciones de Héctor Mario Rodríguez, en ese momento las acciones de Pacific tuvieron una caída muy sensible por todo el ruido generado”, detalló.

Entre notificaciones y declaraciones, la pelea se escapó de los juzgados. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos de información, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), comenzaron a rodear el caso mientras en semanas recientes algunos medios de comunicación, entre ellos El Espectador, reprodujeron un editorial del portal Primera Página denunciando querer acallarlos por medio del matoneo judicial (la constante notificación de las etapas del proceso).

Y de aquí ha salido una nueva disputa entre las partes, pues la pieza periodística consignaba que “tanto el editor general como el director de Primera Página hicieron parte de El Espectador en esa época difícil de los años 80 y 90 y vivieron en carne propia la presión que a diario recibían primero los Cano, dueños entonces de este periódico, y luego toda la redacción. Así es que ya se ha hecho el curso en materia de presiones indebidas”.

Para Lombana, el gran problema tiene que ver con la asociación indirecta que el escrito hace de los accionistas de Pacific Rubiales con la mafia del narcotráfico.

“Un lector normal, que lea la pieza de corrido, no puede establecer la diferencia. Pero para Rodríguez, el meollo del asunto es que la petrolera no puede darse el lujo de perder la renovación, en 2016, de su contrato de renovación del campo Rubiales, la mina de oro de su negocio en Colombia. Pacific vale hoy un precio con el contrato prorrogado, y otra si no se prorroga”, manifestó.