Se estima que la administración pública, tanto dependencias del gobierno central como las instituciones desconcentradas, adeudan entre 650 y 700 millones de lempiras (unos US$330 millones) a empresas constructoras, ingenieros y arquitectos.
Uno de los sectores económicos más golpeados por la crisis fiscal que atraviesa la administración nacionalista de Porfirio Lobo Sosa es la industria privada de la construcción.
Las juntas directivas de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría (CHEC) se reunieron en esta ciudad para ratificar las medidas que tomarán ante la falta de pago de parte del gobierno.
Luis Eveline, presidente CICH, lamentó la crítica situación en que se encuentra la industria privada de la construcción debido a la millonaria deuda que tienen varias instituciones públicas por la ejecución de varios proyectos.
Se estima que la administración pública, tanto dependencias del gobierno central como las instituciones desconcentradas, adeudan entre 650 y 700 millones de lempiras (unos US$330 millones) a empresas constructoras, ingenieros y arquitectos.
La Chico, el CICH y la CHEC han acordado que ante la incapacidad del gobierno por honrar las deudas que tienen con sus afiliados adoptarán una serie de medidas como brindar un ultimátum de 15 días para que la administración pública proceda a cancelar el pago de las deudas contraídas.
De no cumplir el gobierno con el pago de la deuda, la industria privada de la construcción paralizará las obras de ingeniería en todas las instituciones del Estado a partir del próximo 5 de febrero.Asimismo, se abstendrán de realizar nuevos contratos mientras no se cumpla con los pagos.
Por otra parte, las organizaciones del sector construcción solicitan al sistema bancario privado nacional brindar consideraciones especiales a sus agremiados para amortiguar la severa crisis que golpea a sus afiliados por la millonaria deuda del gobierno Lobo Sosa.
Las organizaciones cúpula de la industria privada de la construcción exigen al gobierno que no licite ni contrate más obras sin respaldo financiero real, aunque se hayan aprobado en el presupuesto nacional.
