Algo de malestar genera dentro del sector el hecho que los constructores no puedan usar el dinero entregado por el comprador hasta el punto denominado de "equilibrio".

Representantes del sector de la construcción aún tienen observaciones sobre las reformas al reglamento de funcionamiento de las compañías que realizan actividad inmobiliaria, expedido en diciembre.

Los cambios publicados el pasado 28 de febrero incluyen que las empresas podrán recibir dinero de los compradores para reservar su bien, pero ese valor no puede exceder el 2% del total de la vivienda.

Esa cantidad tampoco puede ser usada en la construcción y deben registrarse en un encargo fiduciario (figura en la que una Administradora de Fondos y Fideicomisos resguarda el dinero de los compradores).

Según la normativa, el dinero entregado por el comprador no puede ser utilizado hasta que se llegue al punto de equilibrio (suficientes recursos para financiar el proyecto).

Esto genera malestar en el sector. El director de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, José Centeno Abad, indica que los empresarios necesitan el dinero aportado por los interesados para avanzar con los proyectos. Agrega que la falta de estos rubros complica, especialmente, a los constructores medianos y pequeños.

Menciona que una de las opciones que se podrían analizar es entregar una garantía para que el fideicomiso que tiene los fondos haga desembolsos.

Afirma que para exponer sus observaciones tendrán una reunión con la superintendenta de Compañías, Suad Manssur.

Por otra parte, Carolina Balmaseda, gerenta general de la inmobiliaria Furoiani, indica que la reforma a la regulación sirvió para hacer aclaraciones de la disposición emitida en diciembre. Sin embargo, cuestiona temas como el aporte máximo del 2% como reserva.

Dice que antes se pedía el 5% o el 10%, pues así se lograba un compromiso del cliente. Esto debido a que hay quienes luego se arrepienten de comprar.

Balmaseda también indica que el no poder usar los anticipos hasta que se cumpla el punto de equilibrio también es un inconveniente, pues ahora la empresa tiene que colocar una mayor cantidad de recursos en los avances de los proyectos.

Por su parte, Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apive), menciona que considera positiva la reforma y que la idea de proponer el uso de un aval o garantía para conseguir desembolsos previos a lograr el punto de equilibrio es una opción interesante. Coincide en que no poder usar los fondos para la obra sí genera complicaciones para las empresas.