El Gobierno de Venezuela creó un sistema para controlar el acceso de la población a los medicamentos, pero la industria farmacéutica local no cree que ese registro solucione el problema de fondo: el desabastecimiento.
El Gobierno de Venezuela anunció la creación de un registro informático que posibilitaría la entrega directa de fármacos a quienes padecen enfermedades crónicas y dificultaría la especulación, el acaparamiento y el contrabando de medicamentos. Los pacientes deben afiliarse a una farmacia y esperar a que sus pedidos lleguen para retirarlos. El Sistema Integrado de Acceso a los Medicamentos (SIAMED) se suma al mecanismo ya vigente que limita la compra de productos subsidiados de la cesta básica a una vez por semana.
Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, no cree que ese registro de pacientes sea la solución para la crisis de fondo: “Nuestro sistema de distribución de medicamentos es muy efectivo. Ahora el Gobierno propone uno adicional. Pero, ¿de qué sirve si no hay medicamentos que repartir? Lo que el Ministerio de Salud debería hacer es lograr que la industria farmacéutica reciba las divisas que necesita para funcionar”, sostiene Ceballos, aludiendo a los US$4.000 millones que el Gobierno le adeuda.
De un control a otro. “El Ejecutivo de Nicolás Maduro sigue enfrentando los mismos dilemas que han afligido a otros Gobiernos socialistas en la historia reciente. Su primera disyuntiva fue subvencionar el costo de los productos más básicos para brindarle bienestar a su base electoral o permitir que las fluctuaciones de la oferta y la demanda determinaran los precios de esos productos en un mercado rebosante”, sostiene Víctor Mijares, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo.
“Luego, tras la generalización del desabastecimiento propiciado por los controles de precios implementados, surgió la segunda disyuntiva: controlar directamente el acceso a los bienes o no hacerlo. Y Maduro optó por ejercer más controles”, señala Mijares, admitiendo no tener claro si el SIAMED es una reacción desesperada al hecho de que la política económica se le salió de las manos al establishment, o una moción deliberada para acentuar la relación de dependencia entre la sociedad y el Estado.
¿Bajos costos o alta calidad? “Tampoco sé si el Gobierno estaría dispuesto a dar el siguiente paso si llegara a fracasar la moción más reciente: controlar la fabricación misma de los bienes de primera necesidad. Maduro podría profundizar la ‘revolución bolivariana’ imponiendo el paradigma de la propiedad pública de los medios de producción –en este caso, nacionalizando los laboratorios farmacéuticos– o retornar a un esquema de libre mercado. La primera alternativa garantizaría medicamentos baratos, pero elementales”, apunta el experto del GIGA.
“La segunda alternativa llevaría abundancia y variedad a las farmacias, pero a precios dictados por el mercado mundial. Y es que la medicina no prospera sin inversión en investigación y en pago de patentes. Hoy día, la capacidad de producción científica de las universidades venezolanas está por debajo de la de las cubanas. Eso significa que si Maduro nacionalizara la industria farmacéutica de Venezuela, en ese país se podrían producir medicamentos primarios, pero no los más complejos ni los de última generación”, dice Mijares.
