La ministra Margarita Luna Ramos recordó que el artículo 35 de la Constitución política mexicana prohíbe la posibilidad de que se realice alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves en México que es improcedente la solicitud de consulta popular presentada por partidos opositores de izquierda sobre la recién aprobada reforma energética.

El pleno de la máxima autoridad judicial mexicana avaló con nueve votos a favor y uno en contra la ponencia presentada por la ministra Margarita Luna Ramos, la cual señala que es "inconstitucional" la petición.

Argumentó que aplicar dicha consulta puede afectar los ingresos que tiene previsto el Estado producto de la reforma.

Luna Ramos recordó que el artículo 35 de la Constitución política mexicana prohíbe la posibilidad de que se realice alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado.

La solicitud de Consulta Popular fue presentada en tiempo y forma por los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al conocer la decisión de la SCJN, el PRD anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para solicitar apoyo encaminado a lograr la realización de esa figura.

La reforma constitucional fue presentada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto el 12 de agosto de 2013, que el Senado de la República aprobó el 11 de diciembre de 2013 y la Cámarta de Diputados un día despúes.

El Congreso la declaró constitucional el 18 de diciembre y fue promulgada el 20 de diciembre de 2013.

Entre sus objetivos destacan cambios al sector de los hidrocarburos y en la generación de energía eléctrica, con la finalidad de volverlos más productivos y que sus costos bajen en cuanto al consumo por parte de la población.