Infinito Gold informó el lunes que la demanda fue interpuesta ante el Ciadi con el fin de lograr una indemnización por las inversiones realizadas desde 1993 en el proyecto de minería de oro a cielo abierto.
San José. El gobierno de Costa Rica aseguró este martes que nunca hubo una "concesión de pleno derecho" a la minera canadiense Infinito Gold, que demandó al Estado por US$94 millones tras la cancelación del proyecto "Las Crucitas", en la zona norte del país.
El ministro del Ambiente y Energía, René Castro, declaró este martes en una conferencia de prensa que el Estado presentará expedientes judiciales y documentos de entidades medioambientales y geológicas, para demostrar que la cancelación del proyecto fue correcta.
"Buscaremos probar que no hay que realizar ningún pago o minimizar el pago, presentando toda la información probatoria de los tribunales que anularon la concesión para defender que nunca se cumplieron los trámites y, por lo tanto, nunca hubo una concesión de pleno derecho", manifestó Castro.
Infinito Gold informó el lunes que la demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano adscrito al Banco Mundial, con el fin de lograr una indemnización por las inversiones realizadas desde 1993 en el proyecto de minería de oro a cielo abierto.
"Como fundamento de la demanda se encuentran una serie de violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones", explicó la firma canadiense.
El año pasado, Infinito Gold anunció que demandaría a Costa Rica por US$1.092 millones, de los cuales, 92 millones correspondían a inversiones realizadas y 1.000 millones por las ganancias que dejaría de percibir.
Sin embargo, el reclamo interpuesto es por US$94 millones, más los costos legales del proceso.
El ministro Castro dijo este martes que Costa Rica invertirá US$2 millones anuales en su defensa legal para este caso y que en el arbitraje el Estado reclamará a la empresa entre US$3,5 y US$5 millones por daños causados al medioambiente.
Este caso se remonta al 2010, durante el gobierno del ex presidente Óscar Arias (2006-2010), cuando el Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulas las resoluciones del ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental, con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera.
También anuló aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la minera y la Sala Constitucional rechazó otras acciones presentadas por la firma.
La Fiscalía también investiga el caso por presuntas ilegalidades en los permisos otorgados a la minera.
La firma, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.
