El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sentenció que Costa Rica no denegó acceso a la justicia a la empresa minera y que esta no sufrió daños con el fallo de 2010 de anular el proyecto por motivos ambientales, según un comunicado oficial.
San José. Un arbitraje internacional libró a Costa Rica de indemnizar a la compañía canadiense Infinito Gold Ltd, que desde 2014 le reclamaba a la nación centroamericana el pago de US$ 400 millones por haber frustrado un proyecto de extracción de oro, informó este viernes el gobierno costarricense.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, adscrito al Banco Mundial) sentenció que Costa Rica no denegó acceso a la justicia a la empresa minera y que esta no sufrió daños con el fallo de 2010 de anular el proyecto por motivos ambientales, según un comunicado oficial.
"El tribunal de arbitraje internacional reconoció que es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente", dijo la ministra de Ambiente, Andrea Meza, según el despacho.
"Sin duda es un triunfo no tener que indemnizar al inversionista", agregó la funcionaria sobre el desenlace del reclamo presentado por la minera hace siete años.
Se espera que el fallo sea publicado en el transcurso del viernes. Reuters no pudo contactar de inmediato a representantes de la minera para obtener sus comentarios.
La justicia local canceló en diciembre de 2010 el proyecto que había sido concesionado en 2001 a la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de Infinito Gold, para explotar una finca llamada Crucitas en una localidad en norte del país llamada San Carlos, colindante con Nicaragua.
La sentencia judicial se basó en ese entonces en el impacto ambiental del proyecto, tras una fuerte lucha de organizaciones conservacionistas contra las gestiones del gobierno del presidente Óscar Arias (2006-2010) para hacer efectiva la concesión, que le valió al premio Nobel de la Paz la apertura de una causa judicial por la que fue sobreseído en 2019.
El caso de la finca Crucitas, que autoridades reconocen está hoy invadida por la minería ilegal, provocó además que en el país esté prohibida la minería metálica a cielo abierto, por una ley aprobada en 2010 en línea con el discurso ambientalista que proyecta Costa Rica ante el mundo.
