Mientras que el Estado mantiene firme su decisión de poner en la subasta la generadora por más de US$2 mil millones, los opositores se alistan para dar la batalla.
Son cada vez más las personas que se suman al movimiento que se opone a la venta de Isagén por considerar que los recursos que se obtendrán por su enajenación, $5,5 billones (US$2.072 millones), es un dinero que se destinará a cubrir el creciente hueco fiscal de la nación y no a la financiación del programa vial de 4G, además que se presentará un detrimento patrimonial, porque el Estado ya no recibirá los $300 mil millones (US$113 millones) que le aporta la compañía anualmente.
Así lo denunció el movimiento multidisciplinario “No a la venta de Isagén”, del que forman parte los partidos Liberal, Verde, Centro Democrático y Polo, así como trabajadores de la compañía. Lo mismo que expertos tributaristas y analistas del mercado energético.
La consigna de este grupo es evitar a toda costa que el Gobierno cometa un grave error al vender un bien productivo que no sólo representa un soporte económico para la nación, sino porque es el regulador del mercado, la seguridad energética y la soberanía del país.
La reactivación de la venta de Isagén, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, obedeció al levantamiento de las medidas cautelares por parte del Consejo de Estado; sin embargo, el analista Roberto Acosta señaló que eso es ilegal, ya que ha afirmado que no hay controversia jurídica por la venta de Isagén, cuando es totalmente lo contrario.
“Prueba de ello es este movimiento, al que cada día se suman más integrantes para defender los bienes públicos”, explicó el secretario de Sintraisagén, Élbert Castaño.
Para Mario Valencia, subdirector del Centro de Estudios del Trabajo, si se vende Isagén antes de que el Consejo de Estado resuelva una demanda, de las nueve que están en curso, en la que se pide al Gobierno que explique de qué forma subsanará la falta de recursos que dejará de recibir de Isagén, que no es otra cosa que detrimento público, se vendrían millonarias demandas por parte del comprador.
“Esta demanda, que está por resolverse, tiene que ver con el marco de la sostenibilidad fiscal, que no se tuvo en cuenta para planificar la venta de la compañía, y de hecho ya está implicando para la nación un detrimento, en el sentido de que esos recursos que hoy Isagén le transfiere a la nación ya no ingresarían más a las arcas del Estado y no ha dicho cómo subsanar este faltante de recursos”, explicó.
“Si los compradores son los chinos, los franceses o los canadienses, quienes verían vulnerados sus derechos, se vendrían millonarias demandas que podrían superar los $15 billones (US$5.653 millones)”, explicó Acosta.
Por su parte, la senadora Sofía Gaviria Correa considera que para buscar los recursos que requiere el Estado se puede obtener de otras fuentes. “No hay que vender la casa para hacer el mercado”, y eso es lo que no ha entendido el Estado, advierte.
Para cubrir este hueco fiscal podemos emitir bonos o acudimos a otros mecanismos financieros, para así evitar que se venda un bien invaluable para el país, indicó.
Además, considera que si bien los trabajadores tienen una oportunidad preferencial de hacerse a parte de las acciones, no tienen el suficiente músculo financiero para ofertar, pero harán el intento.
Para Sintraisagén, la compañía está subvalorada. “No puede ser que una compañía, dueña de Hidrosogamoso, por la que se pagaron $4,5 billones (US$1.695 milones) en su construcción, valga sólo $5,5 billones (US$2.072 milones), que es en lo que se está tasando el valor de la tercera generadora de energía del país. Nosotros creemos que la compañía tiene un valor real de $14,5 billones (US$5.464,5 millones) y por eso es nuestra lucha y la de millones de colombianos que no quieren que el Estado pierda otra de las joyas de la corona”, aseguró Castaño.
El senador del Polo Democrático Segundo Senén Niño recalcó que “no puede perder la soberanía energética del país y que por ello se ha reafirmado la inconveniencia de vender la empresa de los colombianos, con una argumentación técnica, de carácter financiera y jurídico”.
Recalcó que en el Plan Nacional de Desarrollo, que está concebido para la mercaderización de bienes públicos y en éste está la venta de empresas como Isagén.
De otro lado, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, que hoy rindió cuentas de su sector, señaló que es vital que se venda Isagén, ya que esos recursos sí irán a la financiación del programa vial de 4G, en el que se invertirán más de $50 billones (US$18.843 millones). “Ya se adjudicó la primera ola y ahora viene el cierre financiero”.
