Los habitantes de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, viven más del combustible robado que de sus cultivos; se estima que 60% de la población trafica hidrocarburo. Según fuentes policiales, la extracción se realiza las 24 horas, pero principalmente durante la madrugada.
Hidalgo. Cima de Togo, Guadalupe Victoria, Nectario, El Capulín, El Aserradero y Coatzetzengo son comunidades del municipio de Cuautepec de Hinojosa, estado de Hidalgo, que tienen algo en común: su población subsiste de la ordeña de combustible.
Cuautepec de Hinojosa se ubica a unos 15 minutos de Tulancingo. Llegar a las comunidades lleva otros 30 minutos, pues implica atravesar toda la cabecera municipal hasta desembocar en la carretera estatal Cuautepec-San Juan Hueyapan.
Antes de llegar a Guadalupe Victoria, a un costado del camino, una camioneta calcinada marca que el trayecto es el correcto para ingresar a territorio huachicolero.
Por la ruta abundan conductores en motocicletas o en motonetas. De acuerdo con regidores municipales —que solicitaron el anonimato—, algunos de éstos hacen de halcones que reportan actividades inusuales o la irrupción de operativos policiales de los que han sido agobiados en los últimos meses.
Ubicadas en promedio a 20 kilómetros del centro de Tulancingo, las seis localidades no sobrepasan 200 viviendas, la mayoría dispersas una de otra; quienes no son parientes directos, emparentaron por compadrazgo.
Saber quiénes no tienen relación con el huachicol resulta complejo, prefieren el silencio; unos por complicidad, otros por desconfianza o simplemente porque no conciben que están cometiendo un ilícito. Aquí ordeñar equivale a cosechar, sólo que sin depender de ciclos agrícolas.
Según los asambleístas consultados, se estima que 60% de la población de estas comunidades realiza actividades relacionadas con el tráfico de hidrocarburo. La tasa se eleva hasta 80% en El Aserradero.
Por su orografía montañosa y boscosa, los huachicoleros esconden los bidones con combustible entre la maleza, en el bosque o en barrancas, a las que sólo se accede por veredas de terracería, en las casos menos complicados, o bajar y subir a pie por barrancas en los más complejos.
Los nidos. Por su peculiar forma, las corporaciones policiacas denominan nidos a estos centros de almacenaje que, en la mayoría de las ocasiones, son detectados desde helicópteros o drones.
En la geografía de estas comunidades atraviesan dos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex): Cima de Togo (Catalina y Azcapotzalco) y Tula, por los que han sido perforadas decenas de tomas clandestinas que un día son clausuradas y al otro nuevamente son violentadas.
En algunos casos las tomas son rociadas con aromatizante líquido para tratar de disimular su olor y evitar que sean detectadas. La extracción de hidrocarburo, según fuentes policiales, se realiza las 24 horas, pero principalmente durante la madrugada, al cobijo de la penumbra.
En las seis comunidades, añaden los informantes, hay un manifiesto sentido de “pertenencia” de las tomas clandestinas, pues se ha detectado casos donde a las perforaciones les colocan candados, como “medida” de “seguridad” para que nadie más que quien la perforó o la pagó la utilice.
Por su colindancia con Puebla, los traficantes de hidrocarburo no sólo son originarios de Hidalgo. Se tiene detectado que huachicoleros de comunidades de Beristain, Chignahuapan y Huauchinango utilizan los ductos ubicados en Cuautepec.
El diputado local del Partido Verde, Luis Marroquín Morato, afirma que éste es el origen del crecimiento del huachicoleo en la región de este municipio del valle de Tulancingo.
“El crecimiento de esta acción en Hidalgo fue porque muchos de los que operaban en el estado de Puebla, al hacerse un control más estricto en su estado, se fueron a refugiar a zonas de Hidalgo. Entonces es tan grave en Hidalgo como lo que sucedía en Puebla”, señala.
Incursiones. El 4 de noviembre pasado se dio una de las primeras incursiones de elementos federales y estatales al El Aserradero, con un saldo de 15 sujetos detenidos, relacionados con la ordeña de hidrocarburo en cinco cateos ejecutados en sitios donde se denunció que se almacenaba combustible.
El operativo ocurrió una semana antes de un ataque a tiros contra una unidad de Seguridad Pública municipal; además de denunciarse la presencia de un grupo de al menos 60 civiles armados, provenientes de Puebla y Tlaxcala.
El 28 de febrero pobladores opusieron resistencia a un operativo contra el tráfico de hidrocarburo colocando llantas en el camino, a las que prendieron fuego. Pese a ello, se han mantenido los patrullajes en la localidad sin que se vuelvan a dar incidentes, narró el comisario estatal de Seguridad, Uriel de Jesús Moreno Castro.
“Efectivamente, no se ha erradicado el robo de hidrocarburo, pero ha bajado exponencialmente. El gobierno no ha bajado, ni bajará, los brazos para seguir con el combate de este delito”, afirmó.
Excélsior acompañó una de estas operaciones en la zona. 250 elementos, 35 patrullas, cuatro transportes pesados, un helicóptero y drones se movilizaron por la región.
Desde que el convoy ingresa a la cabecera municipal, en cada local comercial, clientes y dependientes suspenden sus actividades habituales para asomarse a ver el desfile de patrullas y camiones de Seguridad Pública de Hidalgo que, saben, irrumpirá en comunidades dedicadas a la ordeña.
Un helicóptero inicia sobrevuelos y vía radio da las coordenadas donde se detectan nidos.
En todas las comunidades las miradas de los vecinos son hostiles, pero nadie agrede; se observan impotentes, pero resignados. Sólo una mujer lanza un tibio reclamo: “Los invito a comer, muertos de hambre”, grita a policías, pues se siente despojada de su “trabajo”.
“Al inicio tuvimos cierta resistencia de la gente, porque no asimilaban los operativos”, señala el comisario de la seguridad estatal, refiriéndose a los hechos del 28 de febrero, cuando pobladores de El Aserradero bloquearon el camino a la comunidad con llantas en llamas.
En tres meses de operativos en Cuautepec y Santiago Tulantepec se ha detenido a 75 personas, asegurado 73 vehículos y cinco armas de fuego, además de la recuperación de cerca más de 300 mil litros de hidrocarburo.
Señaló que se tienen identificados “a algunos de los objetivos (líderes) que se dedican a estas actividades y se están realizando las acciones de inteligencia para lograr la captura de estas personas”, de quienes se reserva revelar identidades o apodos.
Las pérdidas. Reparar un ducto dañado por toma clandestina “cuesta entre 120 mil (US$6.013) y 150 mil pesos (US$7.516), sin considerar las horas hombre de personal de apoyo”, señaló el diputado local del PRI Manuel Fermín Rivera Peralta.
“Estamos hablando de un fenómeno altamente preocupante y que pone en riesgo la integridad física y la vida de muchas personas. Hidalgo ya es considerado dentro de los cuatro estados con mayor extracción de productos de Pemex por los ductos que por aquí pasan”.
Según el diputado Marroquín Morato es tan alto el tráfico de hidrocarburo que aqueja a la región del Valle de Tulancingo que éste ha provocado pérdidas de hasta 50% a estaciones gasolineras establecidas legalmente.
Tula, la segunda región de tráfico de combustible. En Hidalgo, una segunda zona de alto tráfico de hidrocarburo se ubica en la región de Tula, en los municipios de Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tepetitlan, Mixquiahuala, Tlehuelilpan, Tetepango.
En Tula se identifica a la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan como uno de los pueblos huachicoleros de Hidalgo; en Tezontepec de Aldama, las localidades de Binola y San Gabriel son las que presentan mayor incidencia; en Tetepango, la comunidad de Ulapa es el punto de referencia.
En esta región, huachicoleros mantienen una disputa desde las últimas semanas de 2017, la cual mantienen por el control de ductos de ordeña.
Tan sólo en los últimos 60 días, en San Gabriel se han reportado cuatro balaceras con saldo de ocho muertos. El alcalde de Tezontepec de Aldama, Pedro Porras, estimó que en los últimos siete meses han ocurrido alrededor de 28 ejecuciones.
La diputada priista por Tula Marcela Vieyra Alamilla reconoció que el escenario de violencia que impera ha hecho vivir con temor a la población de quedar atrapados en medio de un enfrentamiento.
Para Vieyra Alamilla, pese al escenario violento estas regiones no deben considerarse como “zonas perdidas”.
“Lamentablemente no nada más son los jóvenes o señores quienes están involucrados, sino que están en esto familias completas, niños, señoras, toda la familia está inmersa”, señaló.
