"La nueva norma, fruto de los cambios introducidos en el sector desde 2011, regula en un solo cuerpo legal el funcionamiento de esas organizaciones", explicó el director jurídico del Ministerio de la Agricultura (Minag), Orlando Díaz
La Habana. El gobierno cubano busca reimpulsar el "proceso actualización del modelo económico" con el anuncio de nuevas normas para el trabajo de las cooperativas agropecuarias, las cuales constituyen una pieza clave en la producción local de alimentos.
Funcionarios del gobierno hicieron público un decreto ley que entrará en vigor dentro de seis meses y que está "en correspondencia con las transformaciones que en la actualidad demandan".
"La nueva norma, fruto de los cambios introducidos en el sector desde 2011, regula en un solo cuerpo legal el funcionamiento de esas organizaciones", explicó el director jurídico del Ministerio de la Agricultura (Minag), Orlando Díaz
De acuerdo con Díaz, el propósito es otorgar mayores facultades y crear escenarios favorables para el progreso de las cooperativas agropecuarias, al tener en cuenta su relevancia en la producción de alimentos en el país.
En Cuba están constituidas 4.828 cooperativas que reúnen a más de 447.000 campesinos y que gestionan casi el 68% de la tierra cultivable en poder del Estado.
Esas entidades tienen un peso decisivo en la producción agrícola, pues se encargan de toda la cosecha de caña de azúcar y tabaco, así como del 86% del maíz, del 85% del frijol y del 81% de las viandas, según cifras oficiales.
Una de las cuestiones más novedosas de la disposición es que unifica el régimen económico de las cooperativas agropecuarias en lo referente a la formación y distribución de los fondos entre los socios que la conforman.
También facilita créditos bancarios, insumos y servicios que completan los ciclos tecnológicos, la contratación y la comercialización de las producciones.
Además los agricultores pequeños privados, incluso los que no sean miembros de cooperativas agropecuarias, podrán contratar directamente la fuerza de trabajo que requieran y tendrán la nueva prerrogativa de hacer negocios con entidades privadas y estatales.
Funcionarios del Minag dijeron que todas las medidas se dirigen a tratar de aumentar la producción local de alimentos, un rubro de alto costo en las importaciones anuales cubanas y aún deficitario ante la demanda.
Cuba gasta unos US$2.000 millones cada año para la compra de alimentos en el mercado internacional.
El director de Desarrollo Cooperativo del Minag, Ricardo Monzón, dijo que a pesar de las medidas adoptadas con anterioridad existían insatisfacciones respecto a los procesos de gestión administrativa, funcionamiento, eficiencia productiva, contratación, así como con el seguimiento, acompañamiento y control por parte de las empresas.
"Las nuevas normativas armonizan el funcionamiento de las cooperativas con el resto de los actores del escenario productivo, al permitir su relación con personas naturales y jurídicas en pos de garantizar eficiencia en su actividad", subrayó el funcionario.
Las nuevas normas pretenden consolidar la relación entre las cooperativas y las empresas agropecuarias a las que se vinculan, al otorgarle a estas últimas la responsabilidad de brindar la atención necesaria a los procesos de gestión, planificación, producción y contratación de las producciones.
Monzón explicó que el decreto ley incorpora algunos de los principios proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional, unido a preceptos propios acordes con el contexto cubano.
"Hablamos de voluntariedad, cooperación y ayuda mutua, autosostenibilidad económica, decisión colectiva e igualdad de derechos de los socios y bienestar de los cooperativistas y sus familiares", abundó Monzón.
Además de las cooperativas, en la producción agropecuaria cubana participan las empresas y las granjas estatales, los agricultores pequeños no asociados y otras formas organizativas de menor escala relacionadas con el autoconsumo.
