El desenlace del pleito entre el gobierno colombiano y los opositores a la venta de Isagén podría conocerse a mediados de septiembre, según lo establecido en la audiencia de pruebas que se llevó a cabo en el Consejo de Estado.

Más de 50 pruebas fueron decretadas por el magistrado Hugo Bastidas y aceptadas por las partes. Entre ellas un concepto entregado por la Contraloría sobre el impacto que tendría la operación en la estructura patrimonial del Estado y el histórico de los últimos cinco años del valor de la acción de la firma.

Esas pruebas se sumarán a las definidas en la audiencia del 8 de julio, en la cual se solicitó establecer si la venta de la empresa constituye una violación a la Regla Fiscal (mecanismo que garantiza que el gasto esté acorde con los ingresos estructurales de largo plazo) y si se vulneró el proceso de democratización al fijar un precio más alto de la acción (de $2.850 a $3.178).

Ahora, tanto el Ejecutivo como los demandantes tendrán diez días para presentar sus alegatos por escrito y explicar por qué el proceso se debe o no realizar. Entre tanto, el Consejo de Estado tendrá 20 días hábiles para tomar una decisión de fondo.

Aunque Bastidas aseguró que el proceso se efectuará en los plazos que establece la ley, al Gobierno no le conviene que tarde más pues, según el artículo 29 del decreto 1609 del 30 de julio de 2013, con el que se reglamentó la operación, la vigencia del programa de enajenación será de un año, prorrogable a un año más si así fuera necesario.

El Gobierno tuvo que hacer uso de esa prórroga luego de que la misma entidad decretara medidas cautelares para evitar que se llevara a cabo la subasta programada para el 19 de mayo de 2014. El mismo tribunal las revocó, tras resolver los recursos de súplica impuestos por los ministerios de Hacienda y Minas.

Así las cosas, sea cual sea la decisión, si antes de la segunda semana de septiembre no se conoce el concepto definitivo, el proceso tendría que empezar de cero.

Según el Gobierno, de esta decisión depende en gran medida la financiación del proyecto de vías 4G, mientras Sintraisagén y un grupo de senadores encabezado por Jorge Robledo han manifestado que la operación afectará el patrimonio del Estado y que los activos no pueden ser reemplazados entre sí, como ha explicado el Ejecutivo.