La decisión que tomó la semana pasada el presidente chileno, Sebastián Piñera, de favorecer a ambientalistas en relación al proyecto de la termoeléctrica Barrancones, de GDF Suez, causó incertidumbre en el sector eléctrico del país.

Santiago. La decisión que tomó la semana pasada el presidente chileno, Sebastián Piñera, de favorecer a ambientalistas en relación al proyecto de la termoeléctrica Barrancones, de GDF Suez, causó incertidumbre en el sector eléctrico del país.

Si bien la decisión de intervenir el proyecto Barrancones agradó a residentes locales y a ambientalistas, preocupó a los inversionistas después que el proyecto de US$1.100 millones aprobara todos los requisitos técnicos y legales necesarios para obtener la aprobación de las autoridades ambientales, para de todos modos terminar paralizado.

El mensaje tras esta acción va más allá de Barrancones y ha hecho eco en los inversionistas.

GDF Suez, que controla la generadora eléctrica y cuenta con una participación en la planta de regasificación de gas natural de Mejillones, ambas en el norte de Chile, respondió que respetará la decisión del presidente y añadió que Barrancones cumple con la normativa ambiental chilena y con los estándares ambientales del Banco Mundial y la Unión Europea.

La solicitud de Piñera de reubicar la termoeléctrica, para que no sea construida cerca de una reserva ecológica, en esencia cancela el proyecto debido a que se necesitaría realizar nuevos estudios largos y costosos.

Analistas del sector temen que la decisión haya sentado un precedente en un país que necesita prácticamente duplicar su capacidad eléctrica dentro de la próxima década, debido a que se cuestiona la seguridad de invertir en proyectos de generación eléctrica a gran escala. Dado el crecimiento del producto interno bruto, cercano a un 4%-5% anual, se necesitará instalar otros 10.000 megavatios de capacidad para 2020.

Por otra parte, los dos mayores proyectos eléctricos del país -la termoeléctrica Castilla, de US$4.400 millones en el norte de Chile, y la hidroeléctrica HidroAysén, de US$3.200 millones en el sur- también han sido criticados por supuestos daños ambientales.