La supuesta existencia de abusos de los empleadores, falta de control del Estado y “severos problemas de afecciones a la salud tanto de trabajadores de las plantaciones de banano como de la población cercana (...)”, son parte de la denuncia.

La Defensoría del Pueblo instó a los ministerios de Salud y de Agricultura a realizar investigaciones sobre los efectos ambientales y físicos que producen 17 productos químicos utilizados en las fincas bananeras (entre ellos el glifosato), según la resolución 010 de la entidad.

El documento fue el resultado de una investigación realizada desde el 2010, luego de que Jorge Acosta Orellana presentara una denuncia.

Acosta señaló la supuesta existencia de abusos de los empleadores, falta de control del Estado y “severos problemas de afecciones a la salud tanto de trabajadores de las plantaciones de banano como de la población cercana (...) provocadas por las fumigaciones aéreas y manuales (...)”.

En la resolución de la Defensoría, que recoge las diligencias realizadas, se indica que “los informes emanados del Ministerio de Salud, el Magap y el IESS son contundentes al evidenciar que las enfermedades respiratorias y los casos de intoxicación se acentúan en las poblaciones más expuestas al uso de los químicos en las aerofumigaciones, cuya peligrosidad y riesgo para la salud son altamente evidentes”.

Por ello, estableció entre sus recomendaciones y exhortos que se efectúe una investigación para determinar los riesgos a la salud de químicos como siganex 600, volley, opal, tunic, sigo, tilt, mancozeb II, calixin, gramoxone y glifosato.

El uso de este último generó cuestionamientos de Ecuador a Colombia por su aplicación aérea para erradicar plantaciones de coca en la zona fronteriza.

Julio Escala, presidente del Centro Agrícola Simón Bolívar, indicó que en el Ecuador este producto es utilizado para matar la maleza y es aplicado por tierra. Afirmó que los trabajadores deben usar equipos de protección durante su uso.

Mientras que Pompilio Espinoza, representante de los bananeros de Cañar, dijo que es prioritario crear un organismo que realice estudios sobre los efectos de los compuestos químicos en las personas y el ambiente, pues actualmente al aplicarlos solo se regula la concentración.

La resolución de la Defensoría del Pueblo también exhorta al Ministerio del Ambiente a que “requiera a todas las empresas bananeras la obtención de su respectiva licencia ambiental previa a la realización de actividades agrícolas en donde se vaya a utilizar como método para combatir las plagas, las fumigaciones aéreas”.

Se remarca que esta clase de fumigaciones debe realizarse a no menos de 200 metros de las zonas pobladas. En diciembre del 2011, la Dirección General de Aviación Civil prohibió la fumigación aérea en un radio inferior a 200 metros.

También se aconseja al Ministerio de Relaciones Laborales realizar investigaciones en las bananeras. Se exhorta a “destinar a los funcionarios necesarios para que realicen una campaña de registro de los trabajadores al sistema de seguridad social y verifiquen aspectos como el horario de trabajo, la remuneración (...)”.

La investigación en las fincas. Área. El documento apunta a las bananeras ubicadas en Guayas, El Oro, Los Ríos, Cotopaxi, Cañar, Bolívar y Esmeraldas.

Datos. La investigación hace referencia a informes entregados por centros de salud, delegaciones de la Defensoría del Pueblo y ministerios.