"La Defensoría del Pueblo ha comisionado a cuatro de nuestros funcionarios responsables de la delegación del Estado Bolívar para facilitar la investigación", declaró a periodistas el defensor del Pueblo (ombudsman), Tarek William Saab.
Caracas. La Defensoría del Pueblo de Venezuela se sumó este lunes a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General para determinar la muerte de 28 mineros el pasado sábado en el Estado Bolívar, en el sureste del país.
"La Defensoría del Pueblo ha comisionado a cuatro de nuestros funcionarios responsables de la delegación del Estado Bolívar para facilitar la investigación", declaró a periodistas el defensor del Pueblo (ombudsman), Tarek William Saab.
Saab dijo que una vez surgidas las primeras denuncias sobre una presunta masacre dentro de una mina de oro, su despacho comisionó una delegación regional del estado bolivarense para coadyuvar a la recolección de información necesaria.
Aseguró que en dos días los funcionarios de la Defensoría del Pueblo atendieron a 10 familiares de las presuntas víctimas, quienes exigen a los eventuales responsables del crimen la entrega de sus cuerpos.
De igual forma, señaló que comisiones mixtas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantienen en la localidad de Tumeremo del municipio Sifontes, en el noreste del estado Bolívar, donde ocurrió el asesinato de los mineros.
"Nos unimos a esta solicitud de una investigación objetiva, independiente, imparcial que determine finalmente la verdad de los hechos y que se esclarezcan los hechos en función de la verdad", precisó.
Tras incrementarse las denuncias, el Ministerio Público (MP) de Venezuela designó el domingo al fiscal 42 con competencia nacional, Merving Ortega, y al fiscal 5 del circuito 2 del estado Bolívar, Marcos Hernández, para esclarecer el suceso.
A las labores de los comisionados se sumaron expertos de la Unidad Técnico Científica y de Investigación del MP, así como funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes se encuentran en el lugar desde el pasado 5 de marzo.
Las primeras denuncias sobre el presunto asesinato de los 28 mineros fue hecha por el diputado opositor a la Asamblea Nacional (AN, Congreso unicameral), Américo de Grazia, quien fue refutado por el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel.
Rangel acusó a De Grazia de promover este tipo de informaciones, las cuales aseguró son "totalmente falsas", ante lo cual pidió abrir una investigación en contra del diputado opositor.
