YPF recibiría los fondos de la estadounidense como un préstamo a través de empresas opacas en paraísos fiscales, según el acuerdo firmado en 2013 y hecho público hoy después de que un Juzgado obligara a la petrolera estatal argentina.
Rubén Giustianiani, diputado de la provincia argentina de Santa Fe, denunció este martes (11.10.2016) en una rueda de prensa ofrecida en un hotel de la capital que en el acuerdo firmado por las petroleras Chevron e YPF para la explotación del yacimiento Vaca Muerta la compañía estadounidense funciona como prestamista y no como inversora.
Giustianiani y varios representantes de asociaciones de defensa del consumidor comparecieron en Buenos Aires para informar de las primeras conclusiones que obtuvieron tras tener acceso al contrato, que la empresa YPF -controlada por el Estado argentino- tuvo que hacer público esta semana después de un pedido de la Corte Suprema del país suramericano.
Se trata de un acuerdo firmado por ambas empresas en 2013 que cede a la estadounidense Chevron durante 35 años la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, ubicado entre las provincias de Nuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, y que hasta ahora YPF se había negado a publicar de forma íntegra.
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Préstamo entre empresas opacas. No obstante, según consideró Giustianiani después de leer el contenido del acuerdo, "no fue como anunció Cristina Kirchner un contrato firmado entre ambas empresas", sino por dos "compañías offshore -Chevron Overseas e YPF Shale Oil Investment I-", radicadas en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y del estado de Delaware respectivamente, en un entramado empresarial que calificó de "curioso". El contrato supone "un préstamo que una subsidiaria offshore le da a otra subsidiaria offshore".
"Todos sabemos que las off shore se hacen para evadir impuestos, por lo cual puede que exista un perjuicio al fisco argentino", insinuó el diputado. "Empieza el análisis del contrato para ver si los intereses nacionales están salvaguardados o no para los próximos 35 años", zanjó Giustianiani, que consideró la obtención del contrato como un triunfo de la transparencia y del derecho al acceso a la información.
Después de analizar el texto, el senador Pino Solanas, el presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino; y el propio Guistiniani, presentes en la conferencia de hoy, pondrán las conclusiones a disposición del Congreso, de la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen las posibles irregularidades judiciales.
