La Fiscalía de Lucha contra la Corrupción investiga, al menos, dos hechos en el proceso de aprobación del contrato de 100 megavatios adjudicado a la firma.

Al menos dos hechos investiga la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción en el proceso de aprobación del contrato de 100 megavatios adjudicado a la firma Westport.

Los actos están relacionados con supuesto incumplimiento al decreto de emergencia en la prestación de los servicios de generación eléctrica PCM-064-2011 y a la Ley Constitutiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) decreto número 755.

La información la brindó el empresario Jimmy Dácarett, con documentos en mano durante la reunión quincenal de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

El empresario expresó que compareció en dos oportunidades ante la Fiscalía para conocer cuál es la investigación que se efectúa al contrato de Westport.

Señalamientos. Dácarett dijo que a la reunión en la que se aprobó el contrato de 100 megavatios a la referida firma estadounidense comparecieron cuatro de los seis miembros de la junta directiva de la ENEE.

Se presentaron, continuó, los representantes de las secretarías de Recursos Naturales, el de Finanzas, el de Obras Públicas y el del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

"Los tres representantes del gobierno votaron a favor del contrato de Westport, pero el del Cohep lo hizo en contra", expresó el empresario.

El artículo 15 del decreto número 755 indica que para que haya cuórum en las sesiones ordinarias y extraordinarias se requerirá la comparecencia, por lo menos, de cuatro miembros propietarios o en funciones.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, pero en todo caso con cuatro votos favorables, como mínimo.

"La junta directiva de la ENEE tomó como válida esta resolución al tener una votación de tres a uno y se ignoró la referida normativa al llevar el referido contrato al Congreso Nacional para ser aprobado", indicó.

Según el empresario panificador, con esta acción "se le tomó el pelo" a los diputados que aprobaron este convenio.

Para Dácarett, también, existen indicios de abuso de autoridad cometidos por parte de la gerencia de la ENEE cuando se añadió en la cobertura geográfica de este contrato a Puerto Cortés.

En el decreto PCM 064-2011 del 28 de septiembre de 2011, se estableció que la declaratoria de emergencia en la prestación de los servicios de energía eléctrica era para la zona occidental del país, en la zona del Bajo Aguán y en el departamento de Olancho.

"Vemos que en estas acciones hay un abuso de autoridad al desconocer lo que realmente indicaba el decreto de emergencia. Hay otras ilegalidades cometidas por la ENEE", indicó.