La norma, que había sido impulsada por el gobernador de Mendoza, desató una convulsión social en la provincia, y para que el clima de tensión no pasara a mayores, el mismo mandatario provincial, el último viernes decidió dar marcha atrás, y anunció que la iba a derogar.
La Legislatura de Mendoza derogó hoy la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a la minería a cielo abierto.
La norma, que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez, ni bien asumió su mandato, desató una convulsión social en la provincia, y para que el clima de tensión no pase a mayores, el mismo mandatario provincial, después que la norma fuera promulgada en el Boletín Ocial el pasado 24 de diciembre, el último viernes decidió dar marcha atrás, y anunció que la iba a derogar.
El proyecto de derogación ingresó este lunes en la cámara alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos armativos, y dos en contra.
Los dos votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial que es netamente minero. La legisladora peronista, en su alocución en el recinto, armó: "Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo", armó.
En tanto, la senadora oficialista, cargó contra el resto del recinto que apoyó la derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: "Si a Jesús lo crucicaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: 'Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen'".
Al tener media sanción por parte de la cámara alta, la norma fue girada a la Cámara de Diputados, para que sea tratada sobre tablas, y tras un debate "exprés", dio sanción denitiva a la derogación de la "ley minera", y volver a "fojas cero", por lo tanto vuelve a regir la Ley 7.722, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, y publicada en el Boletín Ocial para que tenga plena vigencia.
La derogación a la Ley 9.209 se votó por amplia mayoría en el recinto, pero contó con tres votos negativos de legisladores del interbloque oficialista Cambia Mendoza, los diputados Guillermo Mosso (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO), y hubo un diputado ausente.
El senador justicialista Bartolomé Robles, que en su momento había votado en contra de las modificaciones a la Ley 7.722, en diálogo con Telam, aseguró: "Creo que en estos días la dirigencia política mendocina aprendfió una gran lección. El pueblo nos está diciendo: 'escuchen más y hablen menos'. Festejo la participación del pueblo de Mendoza y de la defensa defensa de los derechos ambientales".
Ricardo Funes, ex director de Turismo hasta hace 20 días de San Carlos, fue uno de los "autoconvocados" de ese departamento de Valle de Uco, 100 kilómetros al sudoeste de la capital provincial, y se constituyó en uno de los ambientalistas que convocó a las marchas en contra de las modicaciones a la Ley 7.722.
En diálogo con Télam, aseguró: "Primero quiero celebrar que la política haya respondido al clamor popular, pero después ratificar claramente que la megaminería no tiene licencia social en Mendoza". "Es una celebración que haya sido restituida la Ley 7.722, y también estamos alineados y trabajando para que la 5.001 de Chubut, que es una ley hermana y melliza de la 7.722, también se sostenga", explicó.
"Hacemos un llamamiento a la política nacional para ser capaces de pensar un mundo y una Argentina transformada y con pleno empleo, sin tener que caer en el facilismo de tomar el modelo extractivo, que a la larga termina perjudicando a las poblaciones y a las comunidades", concluyó.
En tanto, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, le dijo a Télam: "El daño que se le ha hecho a la provincia de Mendoza es inconmensurable, es absolutamente inédito que la vigencia de una ley haya durado cuatro o cinco días. No hay antecedentes en la República Argentina", dijo.
"¿Cuál es el mensaje que se le envía a los inversores extranjeros? Si había algún resabio de seguridad jurídica en Argentina, esa seguridad jurídica no existe, porque esto no solamente daña al industria minera y a la matriz productiva de Mendoza, ya que cualquier inversor ve que acá puede pasar cualquier cosa en aras de la 'paz social' y del 'reclamo popular soberano'", lanzó.
"Esto es un ataque al sistema representativo de gobierno. Y además demuestra una debilidad absoluta del gobernador (Rodolfo Suárez) que de aquí en más no sé cómo va a manejar las negociaciones que tenga que hacer con en las paritarias con gremios, y con la oposición, porque ha sido absolutamente dirigido y manipulado", concluyó.
Afuera de la Legislatura, unas 3.000 personas se fueron concentrando desde esta mañana, sobre la Plaza Independencia, para seguir las alternativas del tratamiento de ambas cámaras para la derogación de la Ley 9.209. Los asambleístas y autoconvocados siguieron el tratamiento a través de altoparlantes instalados afuera de la Legislatura con un elocuente sentido festivo.
