No sabemos a ciencia cierta cómo ocurrió exactamente este accidente ni quién es el culpable y por qué. Sin embargo, en lugar de mejorar el debate sobre la política energética, el derrame se utiliza para reafirmar ejes políticos preexistentes, no demasiado sólidos.

El derrame petrolero del mes pasado en el Golfo de México ha vuelto a encender el debate público sobre la política energética -o la falta de ella- en EE.UU. Los ecologistas están usando el accidente como una excusa contra las perforaciones en áreas públicas. Los republicanos lo usan como una razón para subsidiar aún más la producción de energía. Es un intercambio desalentador que ilustra la profunda pobreza intelectual en la que se sustenta el debate público sobre la política energética.

Los políticos tienen razón al criticar los daños ambientales asociados con el accidente y en insistir en que las partes responsables deben compensar a los perjudicados por el derrame. Eso no es polémico. Sin embargo, la petición de medidas reglamentarias para asegurar que esto no vuelva a suceder, es otra cosa.

En primer lugar, no sabemos a ciencia cierta cómo ocurrió exactamente este accidente ni quién es el culpable y por qué. Hasta que lo hagamos, es imposible decir precisamente lo que los reguladores públicos pueden hacer para reducir el riesgo.

En segundo lugar, no está claro cuánto se va a gastar para reducir el riesgo. Obviamente hay retornos decrecientes gracias a los gastos, y esos mismos gastos aumentarán los costos de producción y, por lo tanto, los precios al consumidor. Sin embargo, los productores tienen todos los incentivos para gastar lo que tenga sentido económico. BP ha perdido 19% de su valor en el mercado de valores -un poco más de US$36 mil millones- desde la explosión del 20 de abril hasta el 11 de mayo, por lo que los accionistas de BP están sufriendo un gran golpe financiero. Las compañías petroleras no se hacen favores económicos al no invertir lo suficiente en condiciones de seguridad.

En tercer lugar, la demanda política implícita de cero riesgos ambientales no es realista. Mientras los seres humanos estén involucrados en la perforación (o minería carbonera, operaciones de energía nuclear, el transporte de petróleo o la entrega de gas natural), los accidentes van a seguir sucediendo.

Los ecologistas piden rechazar la perforación mar adentro, ya que la consideran como inaceptablemente riesgosa y desconsiderada. La consecuencia lógica del argumento es que toda perforación mar adentro debería prohibirse, no sólo las que ampliarán las zonas de perforación en el margen. El hecho de que pocos estadounidenses están dispuestos a cerrar las plataformas existentes sugiere que, en su mayor parte, intuitivamente entendemos que hay beneficios de la perforación que deberían entrar en el debate.

¿Cuáles son los beneficios de la ampliación de perforación mar adentro? El economista Robert Hahn de la Universidad de Oxford encuentra que si aceptamos la mejor estimación -aunque sea especulativa- del Servicio Administrativo de Minerales del Departamento del Interior, sobre la cantidad de petróleo y gas que se podría producir en áreas mar adentro, y que actualmente está fuera del alcance de la industria, el valor del petróleo y el gas que podríamos poner en el mercado -una vez que han sido restados los costos de producción- es de alrededor de US$1,3 billones durante la etapa productiva de los campos. Por lo tanto, la cuestión central es si los daños ambientales acumulados gracias a la perforación pueden exceder US$1,3 billones. Si ese es un escenario poco probable (el Servicio Administrativo de Minerales estima que el costo total de los derrames, la contaminación del aire y el agua convencional, la pérdida de dólares de turismo y recreación sería de unos US$700 millones), entonces estaremos mejor si abrimos esos campos.

El argumento republicano, sin embargo, es un poco mejor que el argumento ecologista. John Boehner, líder de la minoría en el Congreso emitió un comunicado de prensa el 3 de mayo argumentando que el derrame no es sino una razón más para que se adopte la agenda energética del Partido Republicano. Exactamente por qué un derrame de petróleo implica la necesidad de más subsidios al petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear, no queda claro. Si el argumento es que las empresas de energía (por alguna razón no explicada) invertirán menos de lo óptimo en la producción de energía (el único fundamento sobre el cual uno puede construir un caso a favor de los subsidios a la producción), entonces, ¿por qué un derrame provee más evidencia para esa tesis? Si el argumento es que las empresas de energía invertirán solamente en lo que sea rentable, dejándonos con una escasez de energía para que nosotros necesitemos forzar inversiones a través de subsidios, en lo que de otra manera no sería rentable, entonces esa es una curiosa posición para un miembro del Partido Republicano. Uno no crea riqueza mediante el uso de gratificaciones o castigos para obligar a las empresas a tomar decisiones que de otra manera no fuesen rentables.

En lugar de mejorar el debate sobre la política energética, el derrame se utiliza para reafirmar ejes políticos preexistentes. Por desgracia, esos ejes no eran demasiado sólidos para empezar y la reafirmación que ahora se está dando tiende a confundir más que a aclarar.

Esta columna fue publicada anteriormente en el centro de estudios públicos ElCato.org.