La revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que se inició en junio de 2014, no avanza porque antes se debe solucionar el problema de la deuda de la EBY con el Gobierno argentino, explicó ayer su director paraguayo, Ángel María Recalde, en una entrevista con ABC Cardinal 730 AM.
Asunción. El director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Ángel María Recalde, informó que las negociaciones se centran fundamentalmente en arreglar la deuda con el Gobierno argentino. Existe una diferencia de unos US$ 2.000 millones para cerrar un acuerdo entre las Altas Partes. También hay discrepancias en la compensación por el territorio inundado, reconoció.
La revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que se inició en junio de 2014, no avanza porque antes se debe solucionar el problema de la deuda de la EBY con el Gobierno argentino, explicó ayer su director paraguayo, Ángel María Recalde, en una entrevista con ABC Cardinal 730 AM.
El funcionario agregó que las discusiones giran en torno a una diferencia de US$ 2.000 millones; teniendo en cuenta que de los casi US$ 18.000 millones de los que se hablaba inicialmente ya hubo quita de unos US$ 10.000 millones de intereses. “Nosotros queremos avanzar un poco más, por eso la diferencia”, apuntó.
Insistió en que para hablar del Anexo C primero debe arreglarse el problema de la deuda. “No podemos como país hacer que se aplique el Anexo C porque estaríamos teniendo montos siderales que pagar por la energía, si bien no es todavía en un volumen importante, una vez que se termine la línea de 500 kV, que va a venir de Yacyretá, hacia la zona metropolitana, podremos retirar hasta el 50% de la energía disponible para nosotros en la central y si se llegase a aplicar ese Anexo C, va a ser prácticamente impagable la tarifa para el Paraguay”, indicó Recalde.
Por otro lado, admitió que también hay disparidad de criterios sobre qué porcentaje del embalse colaboró cada país. “Nosotros sostenemos la tesis 80% Paraguay y 20% Argentina; mientras que ellos, si bien no desmienten eso, tampoco lo afirman”, refirió.
Por otro lado, para definir lo que es el monto en sí de lo que corresponde por territorio inundado también hay una pequeña diferencia de criterio porque lo que hay que pagar está en proporción al capital inmovilizado en la central. “Nosotros sostenemos una tesis de que está en torno a los US$ 7.000 millones y los argentinos sostienen que es de US$ 3.000 millones; entonces, si seguimos la tesis argentina se va a recibir menos de lo que se tiene previsto. Eso está todavía por abordarse y para ello se ha constituido un comité de trabajo permanente”, recalcó. Para ello, este equipo se reunió la semana pasada, recordó el director.
