"La situación del canal es preocupante en dos aspectos: en la parte turística y en la pesca artesanal", dijo el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy.
Managua. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) mostró este jueves su preocupación por los desalojos que tendrá que realizar el gobierno nicaragüense para ejecutar el proyecto del canal interoceánico, cuyas obras están previstas que comiencen el próximo diciembre.
"La situación del canal es preocupante en dos aspectos: en la parte turística y en la pesca artesanal", dijo el presidente de Upanic, Michael Healy, a periodistas.
De acuerdo con Upanic, hay empresarios establecidos en la ruta del canal que no han sido informados sobre qué pasará con ellos si son expropiados, y por otra parte, hay pescadores artesanales que no saben de qué vivirán cuando comiencen las obras.
Nicaragua pretende construir un canal interoceánico tres veces más grande que el de Panamá, que conecte el océano Pacífico con el mar Caribe, con un aeropuerto, dos puertos, un área de zonas francas, un centro turístico, carreteras y fábricas de acero y cemento.
El canal tendrá un extremo en el río Brito, que desemboca en el océano Pacífico, y otro en el río Punta Gorda, que da al mar Caribe.
La zona sur del litoral Pacífico de Nicaragua es la más desarrollada en turismo de playa del país centroamericano.
"La ruta del canal está en tierras de inversionistas, qué medidas se van a tomar con los inversionistas que están desarrollando centros turísticos, hay que tomar decisiones en base de eso y analizarlas", cuestionó Healy.
"Otro punto importante es el de la pesca artesanal, Brito y Punta Gorda son dos importantes puntos de pesca artesanal", añadió el empresario.
La concesionaria del proyecto, HKND Group, de origen chino, anunció este jueves que realizará consultas a pobladores de las zonas por donde pasaría el canal, entre el 21 de julio y el 30 del mismo mes.
HKND Group afirmó que utilizará la información recabada en el proceso de consultas para realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto.
La ejecución de la obra, planificada para iniciar en diciembre próximo y culminar en 2019, costará US$40.000 millones y se necesitarán unos 200.000 empleados, según la información oficial.
