La Autoridad del Canal de Panamá, el consorcio Grupo Unidos por el Canal y la aseguradora Zurich, reanudaron este martes, sin resultado alguno por el momento, unas conversaciones que tienen como objetivo alcanzar una solución esta semana.

Panamá. Las partes implicadas y enfrentadas en torno a la ampliación del Canal de Panamá mantienen sus espadas en alto y su negociación avanza tan lentamente como el ensanchamiento de la vía interoceánica, prácticamente paralizado.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr, y la aseguradora Zurich, reanudaron este martes sin resultado alguno por el momento unas conversaciones que tienen como objetivo alcanzar una solución antes de que termine la semana para que se reanude a pleno rendimiento la ampliación de la vía interoceánica.

El único avance alcanzado, según un escueto comunicado de la ACP, es "continuar las reuniones mañana, miércoles, para seguir evaluando las opciones, a fin de tratar de llegar a un acuerdo".

Grupo Unidos por el Canal, adjudicatario de la obra y formada por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA) junto a Sacyr, reclama US$1.600 millones de "sobrecostos" al precio con el que en 2009 ganó la licitación para hacer la obra, US$3.118 millones, el más bajo entre los entonces competidores.

El consorcio internacional ha advertido que no podrá continuar las obras sin que le inyecten el capital que ha demandado, mientras la aseguradora no parece dispuesta a desembolsar los US$600 millones de la fianza ni la ACP a reconocer la justificación contractual con que GUPC mantiene paradas casi en su totalidad sus trabajos de construcción.

Según la Autoridad del Canal, el ritmo de trabajo ha bajado más del 70% en comparación con noviembre pasado, mientras el Ministerio panameño del Trabajo cifró la semana pasada la paralización "en más del 90%".

"La ACP reiteró su exigencia de que cualquier acuerdo se logre en función de lo que establece la ley, los reglamentos y el contrato entre las partes", explica el comunicado emitido tras la reunión de este martes.

En las conversaciones, que se celebran con una discreción que no ha permitido la más mínima filtración a los medios de comunicación ni en forma de rumor, ha participado el administrador de la ACP, Jorge Quijano, máxima autoridad de ese ente público.

Ni la aseguradora ni el consorcio constructor han identificado a sus negociadores ni designado a un portavoz en estas conversaciones, que se celebran en una de las muchas dependencias de la ACP.

La crisis en este proyecto de vital impacto en la economía panameña y que afecta a uno de sus principales recursos financieros y de mayor fuerza emblemática nacional ha saltado en pleno proceso electoral hacia los comicios presidenciales el próximo 4 de mayo.

La administración del canal, desde que se la cediera en su totalidad Estados Unidos a Panamá en 1999, ha sido conducida con una independencia política reconocida unánimemente y una eficacia objetivada en sus resultados.

El conflicto abierto por el consorcio encargado de su ampliación, una de las obras de ingeniería de mayor dimensión mundial, ha despertado una inédita inquietud sobre el futuro económico del canal y su impacto en la economía nacional, y ha despertado todo tipo de sospechas sobre supuestos pulsos de poder político en torno a las negociaciones en curso.

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su canciller, Fernando Núñez Fábrega, eludieron su presencia en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la justificación oficial de la crisis del canal.

En un comunicado, la Cancillería de Panamá aseguró que la ausencia de Martinelli y de Núñez Fábrega en la reunión en La Habana es porque deben estar en Panamá "en la víspera de que se venza la prórroga (el próximo 1 de febrero) de las negociaciones" sobre la ampliación del canal.

Se trata "de un tema de Estado que incide en la situación económica y social del país", añade el comunicado.

La ampliación consiste en la construcción de un tercer carril interoceánico que dará paso a barcos con más de 12.600 contenedores, casi el triple de la capacidad actual del Canal de Panamá, por donde pasa cerca del 6% del comercio mundial.