La Cámara Baja respetó las modificaciones del Senado, incluyendo la relativa al numeral 132, que había originado protestas por parte de los cooperativistas.

La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó ayer la Ley de Minería y Metalurgia con las modificaciones realizadas en el Senado, entre ellas al numeral 132, que señala que los contratos mineros deben ser aprobados en la Asamblea Legislativa pero sin un plazo perentorio.

El artículo reclamado por la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), la pasada semana, no fue debatido ayer en la sesión de Diputados. Según el presidente de esa instancia legislativa, Marcelo Elío, las presidencias de ambas cámaras se reunieron ayer por la mañana con la dirigencia de Fencomin para explicarle los cambios producidos.

“Hemos llegado a un consenso con los hermanos cooperativistas”, afirmó la autoridad. Hasta el domingo, los mineros exigían la restitución del texto acordado con el gobierno y que fue alterado en el Senado.

En abril, una comisión del Ejecutivo consensuó con los mineros una nueva redacción a los artículos, 62, 132 y 151 de ese cuerpo legal, luego de que la Cámara de Diputados realizara cambios al texto previamente consensuado con el Ministerio de Minería. Esto desató una serie de protestas que dejaron el saldo de dos fallecidos.

Sobre el artículo 132, el gobierno propuso en el último convenio dar un plazo de 90 días para que el Legislativo apruebe los nuevos contratos, y en caso contrario éstos serían validados de facto. Esto generó una figura de “silencio legislativo”, que “no corresponde porque no existe en la Constitución”, explicó ayer Elío. “No se analizó a profundidad la Carta Magna (en ese acuerdo)”, añadió el presidente.

Con la nueva modificación, los contratos deberán ser aprobados por el Legislativo en 90 días, pero en caso de no hacerlo, éstos volverán al Ejecutivo para las correcciones. Y luego deberán ser devueltos al Legislativo.

Oposición contrariada

Luego de la sanción de la Ley de Minería y Metalurgia, la oposición anunció que presentará un amparo constitucional en contra de esa norma minera.