Entre las nuevas normas destaca la Ley de Hidrocarburos que autoriza y regula el ingreso del capital privado nacional y extranjero mediante contratos de servicios, de utilidad o de producción compartida y de licencias.
La Cámara de Diputados de México concluyó esta madrugada el proceso de discusión y aprobación de las leyes secundarias que regulan la reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 y que abrió este sector a la inversión privada.
El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, clausuró la sesión que comenzó el pasado lunes y se prolongó casi 74 horas, en la que se aprobaron seis dictámenes con nueve nuevas leyes y se reformaron otras once que regularán todas las actividades del sector energético.
Durante la madrugada, los diputados aprobaron los últimos dos dictámenes sobre temas fiscales, los cuales aún deben ser revisados por el Senado, y crean la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Asimismo, en este debate se reformaron diversos artículos de tres leyes: la de Derechos y de Coordinación Fiscal; la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la de Deuda Pública.
González Morfín indicó que en caso de que estos dictámenes tengan alguna modificación serán devueltos a la Cámara baja por ser el órgano de origen, para procesar cualquier cambio y darle el trámite correspondiente para su promulgación por el Gobierno federal.
La reforma energética que reformó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución fue promulgada el 20 de diciembre de 2013, luego de ser aprobada por 24 congresos estatales.
Las leyes secundarias de la reforma constitucional han sido discutidas por el Congreso mexicano en un período extraordinario que comenzó el pasado 17 de julio, y solo resta que el Senado avale en los próximos días los cambios a los primeros tres dictámenes que fueron modificados y revise los dos últimos que le enviaron los diputados como cámara de origen.
En todas las sesiones, las leyes secundarias recibieron el respaldo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista (PVEM), así como del Partido Nueva Alianza (NA).
Por el contrario, todas fueron rechazadas sistemáticamente por los partidos de la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), los cuales confían en revertir toda la reforma mediante un referendo en julio de 2015.
Entre las nuevas normas destaca la Ley de Hidrocarburos que autoriza y regula el ingreso del capital privado nacional y extranjero mediante contratos de servicios, de utilidad o de producción compartida y de licencias.
También permite el polémico tema de la ocupación temporal de tierras para ser explotadas por las empresas, las cuales deberán entregar una mínima parte de sus ganancias a los propietarios de las tierras.
Las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad convierten a Pemex y a la CFE en empresas productivas del Estado y les conceden mayor autonomía de gestión para competir con los gigantes petroleros y empresas eléctricas del mundo.
Otras leyes novedosas establecen reglas de seguridad y coordinación con otros organismos estatales para garantizar que se cumplan las metas de desarrollo en temas medioambientales y seguridad industrial.
Finalmente, las leyes de Ingresos de Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo deben garantizar el ingreso de la renta petrolera en beneficio del Estado mediante diversos mecanismos de recaudación.
Un aspecto relevante fue la decisión para que el Estado asuma los pasivos laborales de Pemex y CFE que ascienden a unos 1,6 billones de pesos (US$121.300 millones) con el fin de que ambas compañías puedan competir con las privadas
Durante las últimas siete décadas la empresa Pemex había sido la columna vertebral de las finanzas públicas de México y sus aportes representaban entre el 30 % y el 40 % de la recaudación anual.
Pemex entregaba cada año el 68 % del total de sus ingresos al Estado, mientras que el 32 % restante lo utilizaba en sus gastos de operación e inversiones, los cuales debían ser aprobados por el Congreso.
