Según el consorcio Generación Ituango, formado por Integral e Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A, el estudio en el que se basa Empresas Públicas de Medellín (EPM) no contó con el “rigor científico debido”.
El Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor del proyecto hidroeléctrico Ituango, rechazó las recientes declaraciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) según las cuales, EPM como constructor del proyecto, no se hará responsable de los costos de la emergencia.
Hay que recordar que EPM comunicó que trasladaría los costos de la emergencia al dueño del proyecto, la sociedad Hidroituango (compuesta por EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), de la Gobernación del departamento) con base en un estudio que contrató con la firma noruego-chilena Skava, el cual determinó que la erosión fue la causa raíz del colapso del túnel de desviación que desató la emergencia en abril del año pasado.
En la presentación del estudio de Skava contratado por EPM, el pasado 1° de marzo, voceros de esa firma sostuvieron que la zona afectada y erosionada por el paso del agua no fue "tratada" ni "protegida" por una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría.
Ahora, el consorcio, formado por Integral e Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A., sale al paso manifestando que dicho estudio no contó con el “rigor científico debido”. “No aceptamos que al consorcio diseñador se le impute responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”, dice una carta enviada por Carlos Isaza Aguilar, presidente del Grupo Empresarial Integral S. A., y Gabriel Cano Ramírez, representante legal del Consorcio Generación Ituango, a Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM.
La misiva afirma que Integral había enviado ya varias observaciones a EPM sobre el estudio de Skava, observaciones que, aseguran los firmantes de la carta, no han sido respondidas aún. Entre esas están las deficiencias en la aplicación de los métodos en el estudio de Skava (científico y de árbol de falla); un “desconocimiento de los roles contractuales de todos los actores del proyecto” y, por ende, de sus responsabilidades, entre otros.
Pero, además, Integral resalta que del mismo estudio de Skava “se desprende que no es cierto que el diseñador-asesor no haya dispuesto de tratamiento adecuado a las zonas de cizalla y por ende no es cierto que haya existido omisión por parte del Consorcio Generación Ituango de acuerdo con sus responsabilidades contractuales”.
La misiva reitera, adicionalmente, que el estudio de Skava fue superficial al no tener en cuenta a todos los actores involucrados en el proyecto; que desde febrero el consorcio Generación Ituango hizo su propio estudio y que se encuentra realizando un informe complementario que analiza las deficiencias del informe de Skava y que será entregado en los próximos días.
“La imputación de responsabilidad, sin apoyo sólido y sin contracción, está causando un grave perjuicio a nuestra organización”, añaden el presidente del grupo Integral y el representante legal del consorcio diseñador-asesor.
En días pasados, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, también había manifestado su rechazo a que EPM se base en el estudio que contrató para concluir que no es su responsabilidad asumir los costos de la emergencia. Según el gobernador es como si EPM hubiera contratado su propio juez. En respuesta, EPM ha afirmado que el estudio fue independiente, con un firma reputada internacionalmente.