Bogotá.En cumplimiento de su labor como administradora del recurso minero de Colombia, Ingeominas suscribió en 2008 un contrato para realizar una auditoria contable a la multinacional Cerro Matoso S.A., dedicada a la exploración y explotación de níquel. El contrato buscaba establecer el cálculo de regalías entre 2004 y 2008. Hoy, por cuenta de los hallazgos de la firma auditora se ha creado un lío que ya tienen en su poder los organismos de control y que  llegó a la presidencia de la república.

El problema surgió cuando la empresa BDO Audit le informó a Ingeominas que Cerro Matoso S.A. se retrasó en el pago de $24.892 millones (US$13,4 millones) por concepto de regalías. Entonces, Cerro Matoso rechazó el informe e interpuso los recursos legales pertinentes para oponerse. En enero de 2010, la subdirectora de Fiscalización y Ordenamiento Minero de Ingeominas, Gloria del Socorro Arias, negó el reclamo. Después  vino la intervención que hoy es piedra de escándalo.

En los siguientes cinco meses, después de un duro contrapunteo entre Gloria Arias y la abogada contratista de Ingeominas, Mélida Andrea Cabezas, con el director del Servicio Minero, José Fernando Ceballos, porque éste frenó el proceso de notificación del pago de las regalías de Cerro Matoso, la funcionaria Arias fue declarada insubsistente y a la abogada Cabezas se le dio por terminado el contrato. En ambas acciones participó el director de Ingeominas, Mario Ballesteros.

Ante lo sucedido, el pasado mes de junio la abogada Mélida Andrea Cabezas decidió llevar el caso a los organismos de control y en cinco páginas documentó lo que en su criterio calificó como “una conducta abusiva y oprobiosa” del director de Ingeominas y del director del Servicio Minero, “orientada a favorecer ilícitamente los intereses de la multinacional propietaria de la mina de ferroníquel, pasando por encima del interés general”.

Y apenas cobraba forma esta denuncia cuando sobrevino un nuevo lío, esta vez por cuenta de la fiscalización de proyectos mineros desarrollados por la multinacional Drummond. Según documento también entregado a la Procuraduría, el 6 de agosto de 2010, el entonces subdirector de Fiscalización y Ordenamiento minero de Ingeominas, José Neiza Hornero, prefirió renunciar a su cargo antes que admitir las instrucciones que se le habían dado respecto de reducir el pago de regalías de la empresa.

“El conocimiento, la responsabilidad y experiencia que tengo en la ejecución y fiscalización de proyectos de gran minería no me permiten atender sus instrucciones”, señaló textualmente Neiza Hornero al negarse a prorrogar por 30 años un contrato con menores expectativas para la Nación, cambiando la fórmula de liquidación de las regalías y compensaciones. De paso suscitó un duro enfrentamiento con el director de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía.

La prueba es que el 11 de agosto, ya en tiempos del presidente Santos, el mismo Neiza Hornero le envió una dura carta a Ballesteros, con copias a los organismos de control y la Presidencia, en la que reiteró su renuncia recordándole al alto funcionario que le había dicho textualmente: “Las prórrogas de Drummond y Cerro Matoso, por orden de la Presidencia, deben tramitarse y suscribirse rápidamente”. Y añadió: “Tengo orden de la Presidencia de que el que esté interfiriendo se va”.

Neiza expresó que sus argumentos son legales y constitucionales y que siempre se caracterizó por ser un profesional serio, responsable, ético y transparente. Por eso se consideró “maltratado, presionado e irrespetado”, razón por la cual se vio obligado a la renuncia. Sobre todo cuando el alto funcionario, según Neiza, le dijo: “Yo soy un verdadero administrador, con mucha experiencia, y ustedes son unos empleaduchos ineficientes, por eso es que las empresas se liquidan”.

Una pelea que ya alertó a las regiones. Por eso el gobernador del departamento de Cesar, Cristian Moreno Panezo, el pasado 10 de agosto decidió escribirle al propio presidente Juan Manuel Santos para que intervenga ante Ingeominas y aclare los términos de la prórroga de explotación del carbón de la multinacional Drummond. Según Moreno, están en juego billones de pesos no sólo del Cesar, sino de muchos beneficiarios directos e indirectos de estos recursos.

El gobernador del Cesar le recordó al presidente Santos que el día de su posesión él manifestó que iba a gobernar en una urna de cristal y que además la minería iba a ser una de las locomotoras del crecimiento económico del país. En consecuencia le pidió al primer mandatario que intervenga en Ingeominas, pues en su criterio no es la primera vez que su director afecta las contraprestaciones económicas de la región como, según él, sucedió en un proyecto que adelanta el grupo Glencore en el Cesar.

Pero el tema va más allá, pues quienes están liderando las denuncias sobre lo que está sucediendo hoy en Ingeominas con estos contratos a cargo del denominado grupo de interés nacional, expresan que les preocupa el silencio de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo,  señalan que su titular, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante casi todo el año 2008 y hasta pocos días antes de ser elegido, era contratista de Ingeominas, razón por la cual debería declararse impedido y que las investigaciones aclaren lo que hoy sucede.

Paradójicamente, en su último boletín institucional llamado Ingeoflash, fechado el 13 de agosto, en primer plano se destaca el reconocimiento oficial que recientemente se le hizo a Mario Ballesteros Mejía como director general de Ingeominas, resaltando, con fotografías y reproducción  de misivas, que se ha destacado por su “eficiencia, responsabilidad y compromiso con los intereses del sector geológico y minero del país”.